Dura respuesta del gobierno ecuatoriano contra los narcos de ese país
Comandadas por el presidente Noboa, las fuerzas de seguridad de ese país actúan sin descanso para acorralar a las bandas criminales
Por Redacción
Bajo las órdenes del presidente Daniel Noboa, las fuerzas de seguridad de la República de Ecuador completaron este sábado 26 días de lucha contra las bandas criminales que operan en el país, con un balance de más de 5.600 detenidos.
La crisis de seguridad en ese Estado alcanzó su punto máximo a principios del último mes, cuando José Fito Adolfo Macías, de la banda Los Choneros, y Fabricio Colón Pico, líder de Los Lobos, dieron inicio a una nueva ola de violencia después de escapar de las cárceles en las que estaban recluidos, incluida la toma de un canal de televisión por parte de encapuchados armados.
Debido a la gravedad de la situación, Noboa decretó tiempo atrás un “conflicto armado interno” y pidió que se tomen medidas para restaurar el orden, y en ese sentido se informó que ya se realizaron 68.707 operativos exitosos.
Según funcionarios de ese país, entre los miles de criminales que fueron reducidos y encarcelados, 237 fueron acusados de presunto terrorismo tras constatarse sus vínculos estrechos con alguna de las 22 bandas que fueron declaradas actores beligerantes no estatales.
También se supo que en el hasta ahora exitoso proceso los funcionarios de seguridad decomisaron casi 42 toneladas de drogas y más de 117.000 dólares en efectivo.
Además, se incautaron cerca de 10 mil explosivos listos para ser utilizados en atentados en la vía pública, más de 1.800 armas de fuego, unas 93.500 balas y 2.600 armas blancas.
El balance difundido este sábado por las autoridades ecuatorianas dio cuenta además de dos policías asesinados en los últimos 26 días y otros 11 liberados tras haber sido secuestrados por los terroristas.
De todos modos, y a pesar del celo puesto en las investigaciones en curso con el resultado positivo obtenido en las redadas, igualmente, se registraron en los últimos días trece atentados contra establecimientos policiales y otros tantos sobre infraestructuras públicas y privadas.