Coparticipación y finanzas provinciales: los desafíos que deberá encarar la política

Los gobernadores viven una cierta tensión cuando se pone en agenda la discusión de la eliminación de la coparticipación y las transferencias de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Porque impacta de lleno en sus cajas provinciales y si no poseen esos fondos, no podrían pagar los sueldos de su personal estatal: desde los administrativos, médicos, policías y hasta el personal de educación.   

Para entender cómo funcionan estos tipos de impuestos, y si realmente funcionaría una reforma impositiva, que busca eliminar la coparticipación, el programa Metaverso de Ciudadano.News entrevistó a la jueza Gabriela Ábalos con el fin de despejar dudas.

La magistrada y especialista en derecho constitucional expresó que “a partir de que surgen los denominados regímenes de coparticipación, la Nación recauda, pero como es un impuesto provincial, tiene que distribuir entre las provincias”. “Estamos hablando de una masa muy importante de impuestos, que se encuentran en manos de la Nación y su cobro, pero como su origen inicialmente fue de cada provincia, es que necesariamente tenemos que debatir e implementar algún tipo de coparticipación”, manifestó.

Ante la pregunta sobre a que responden las ideas de eliminar la coparticipación, Gabriela Ábalos sostuvo que “cuando se mencionan ideas de eliminación, puedan servir a modo de convencimiento electoral, pero la Constitución Nacional, norma suprema que hay que cumplir, no nos deja escaparnos”.

“Y dice que los regímenes de coparticipación que se estructuren tienen que cumplir con estas pautas y el camino más razonable, quizá no sea una eliminación absoluta porque la Constitución no lo permite. Aunque, si sea un saneamiento del régimen de coparticipación en términos de saneamiento de las finanzas provinciales”, apuntó.

¿En qué dependen los porcentajes que van a una provincia?

Según Ábalos, la reforma constitucional del 1994 quiso dar una respuesta definitiva y el régimen de coparticipación tenía que tener dos elementos clave: uno objetivo y el otro subjetivo. “El elemento objetivo responde a que la provincia que más aporte, también iba a ser la provincia que más iba a recibir. Si aportó 10, debería recibir 10, pero además de eso, en la reforma del ‘’94 sumó otro elemento.

El subjetivo quiere decir que, si las provincias no pueden garantizar los derechos a los habitantes en función de la falta de recursos, hay una solidaridad de cooperación para las que menos aportan, no solo reciban en función de esa matemática”, explicó.

Por eso, remarcó que “también reciben por encima de lo que aportan, atento a los criterios de solidaridad”. “Para que entonces se hagan efectivo los derechos constitucionales a cualquier argentino que viva en cualquier provincia”, señaló.