La idea de que algunos alimentos y bebidas, contenidos en el pograma "Precios Justos", lleven en sus etiquetas el precio, y la obligación de mantener esos mismos precios por el lapso de tres meses, cayó como un balde de agua helada en el sector privado: aseguran que es imposible mantener esos parámetros, al tiempo que aseguran que nadie les avisó oficialmente de estos cambios.
La propuesta del ministro Sergio Massa, que ya venía hablando desde la semana pasada con el secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, buscaba empezar a bajar la inflación, pero encontró resistencia desde la COPAL (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios): desde este organismo aseguran que, además de inviable, la medida nunca fue oficialmente comunicada.
Sucede que los últimos detalles del programa se terminaron de definir el domingo por la noche, entre los que figuran un congelamiento "acordado" por al menos tres meses. Tombolini mantuvo reuniones el lunes con representantes de las empresas fabricantes de alimentos y bebidas, pero estos manifestaron que "no resulta posible ponerle precios al envase, incluso desde el punto de vista de la planificación industrial".
Primero, porque existen productos cuyos envases, que van desde el cartón hasta el aluminio, necesitan pasar nuevamente por las plantas impresoras. Y segundo, porque la obligación de mantener los precios resulta directamente inviable.
“A duras penas las alimenticias están llegando para el año que viene con esta exigencia. Agregar etiquetado de precios es directamente imposible”, dijeron desde el sector productivo. En este sentido, recordaban la propuesta de la ex secretaria de Comercio Interior, Paula Español, quien en su momento propuso colocar los precios en los envases: "A los 4 meses, solo el 70% tenía el etiquetado. Esto dejó en claro que resulta imposible de implementar, mucho menos en tan poco tiempo, y en contexto de semejante inflación", expresaron.
Otro de los problemas es el impulso de los aumentos salariales, propuesto por el Estado. Aseguran que esto complica más cualquier intento de congelar precios por un período de tiempo. Como ejemplo, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, acordó un 90% de aumento para los estatales.
Desde la cartera económica insisten en atacar las expectativas inflacionarias. El problema es que estos intentos de congelamiento podrían generar un efecto adverso: que se aceleren las remarcaciones ante la posibilidad de no poder tocar los precios durante cualquier tiempo estipulado.