Víctimas que no conmueven

En los últimos años, casi a diario, la Argentina ha sido testigo de un preocupante aumento en los casos de femicidios, una forma extrema de violencia de género que cobra la vida de mujeres y niñas simplemente por el hecho de tener esa condición. 

A pesar de gastar enormes sumas, el Ministerio de la Mujer no ha aplicado herramientas acertadas para mermar los casos. En lo que va de este año, casi se ha llegado a las cifras de todo 2022 y el panorama hacia el futuro no es alentador, porque se sigue privilegiando a la ideología por sobre toda la sociedad

Por lo menos en el discurso, algunos candidatos a la presidencia han manifestado intenciones de reducir drásticamente la cantidad de ministerios en el caso de llegar a la Casa Rosada. 

Precisamente uno de los que podrían estar bajo la lupa para, por lo menos bajarlo al rango de Secretaría, es el Ministerio de las Mujeres, que fue creado en diciembre de 2019 por el actual Gobierno y hoy bajo el mando de Ayelén Mazzina. 

Aunque no es la única, quizás esta sea la más inútil de las áreas del Ejecutivo, no por sus enunciados, a través de los cuales se pretendía corregir las políticas de género, algo necesario sin lugar a dudas, sino por sus escasos resultados comparados con los montos asignados en el Presupuesto para su funcionamiento.

Para el corriente año, al Ministerio le fueron asignados la friolera de $54.700 millones –un 410% más respecto del 2022–, mientras que los gastos en personal subieron un 136% con relación al mismo año y ya son de casi $10 millones por día, de acuerdo a datos oficiales.

 En cuanto a la Secretaría de Políticas contra la Violencia por Razones de Género le correspondió una partida de $50.600 millones, cuando en 2022 eran $8.400 millones. Este aumento en las partidas permitiría “una reducción en las brechas de desigualdad”, según fuentes oficiales. 

Pero esa reducción no se ve reflejada en los resultados, bastante escuálidos hasta ahora, por lo cual, siendo un poco mal pensado, podría decir que solo sirvió para la creación de cargos políticos y como caja destinada a fomentar la militancia.

Porque a la vista de las dramáticas cifras de femicidios cabe preguntarse para qué existe una Secretaría de Políticas contra la Violencia por Razones de Género que nos resulta tan cara y es financiada a través de nuestros impuestos si hasta ahora, en vez de bajar, las tragedias siguen atormentando a la comunidad como cuando el organismo no existía. 

Una cuestión de ideología

La realidad es que, a pesar de que tenemos un Ministerio de la Mujer, a ellas las siguen asesinando, secuestrando, violando, acosando y siguen sufriendo violencia. El problema es que este organismo no pareciera hacer nada al respecto. Es más, aparece de vez en cuando y es solo cuando las víctimas pertenecen al mismo espacio político o cuando los hechos no comprometen a algún personaje vinculado al Gobierno. 

Basta recordar el caso del exgobernador de Tucumán José Alperovich, acusado de abusar de su sobrina cuando se desempeñaba como senador nacional, ahora en uso de licencia. 
O el reciente asesinato en Chaco de Cecilia Strzyzowski a manos de la familia de Emerenciano Sena, líderes piqueteros aliados políticos del gobernador Jorge Capitanich.

En ambos casos, como en otros ocurridos desde la creación del Ministerio en cuestión, hubo un atronador silencio (valga el oxímoron). Peor todavía, a la madre de Cecilia le ofrecieron “un subsidio para víctimas de femicidio”, según afirmó, una solución que, se me ocurre, está viciada de cinismo. 

La tradición del Ministerio que por definición y naturaleza debería defender a todas las mujeres –de izquierda o de derecha, sin excepción– es desaparecer de la escena cuando las papas queman. No es la primera vez que Mazzina desaparece en momentos críticos, y demás está decir que la exministra Elizabeth Gómez Alcorta actuaba igual brillando por su ausencia.

Supongo que la función del Ministerio no es solamente dibujar círculos violetas en las veredas con el objetivo de proteger de los violadores a las mujeres, o pintar bancos de color rojo o decir que menstruar es un acto político. Tampoco para inundar las universidades con cursos de género o para “secuestrar” al feminismo con el fin de adoctrinarlo con un lenguaje inclusivo tergiversado que finalmente no incluye a nadie.

No es estar en contra del feminismo y sus derechos bien logrados y merecidos, conseguidos hasta con sangre a través de los años y quizás todavía insuficientes, sino contra un esquema que sirve no para defender a las mujeres sino a un espacio político y sus militantes. Los hechos están a la vista y las consecuencias también.