Respuesta oficial
El conflicto entre el Gobierno y las universidades públicas suma un nuevo y tenso capítulo. A través de Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, el Ejecutivo expuso datos que encienden la polémica: altísimos costos por graduado y una fuerte negativa de la Universidad de Buenos Aires (UBA) a ser auditada por la SIGEN.
El reclamo oficial apunta directo a la transparencia y la gestión de los recursos. Según el Gobierno, la UBA no solo adeuda rendiciones de gastos, sino que intentó retener el 95% del presupuesto nacional para hospitales escuela.
Además, cuestionaron que las facultades de medicina rechacen arancelar a estudiantes extranjeros, quienes representan hasta el 51% del alumnado en la Universidad Nacional de La Plata. La exigencia gubernamental es clara y resonante: las instituciones de educación pública deben demostrar en qué se va cada peso de su presupuesto.