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Un supuesto nuevo hackeo, ahora al Renaper, fue negado por el Gobierno nacional

Ciberdelincuentes filtraron la base de datos completa del Registro Nacional de las Personas, supuestamente robada en el 2021, donde se encuentran documentos, fotos y huellas digitales

Por Redacción

18 de abril, 2024 - 08:57

Luego de una denuncia de filtración de datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Gobierno nacional negó un nuevo hackeo. Aunque ciberdelincuentes filtraron la base de datos completa del Registro Nacional de las Personas robada en el 2021, donde se encuentran documentos, fotos y huellas digitales.

Este hecho fue negado por Nación a través de un comunicado. El especialista en ciberseguridad Cristian Borghello informó este miércoles que un usuario publicó en la deepweb información obtenida del Renaper que incluye millones de documentos de identidad, fotos y huellas dactilares.

En su cuenta de X, Borghello publicó: "Sí, de nuevo publican abiertamente 65 millones de registros de RENAPER. No se puede creer lo que han publicado: BD, código fuente, API, contraseñas, TODO. Fotos y huellas en venta", señaló en su cuenta de la red social "X".

Por otra parte, el Renaper informó que los equipos técnicos propios y la empresa de ciberseguridad DANAIDE S.A "confirmaron que no existió un hackeo a la base de datos del organismo ni una nueva filtración de información".

Por otro lado, el especialista en ciberseguridad recomendó que "a todos los organismos públicos, empresas, bancos, fintech, obra sociales, etc etc que usan API de #RENAPER cambiar sus credenciales de acceso a la brevedad".

Hackeo al Estado con las licencias de conducir

Un grupo de hackers robó los datos de todas las licencias de conducir del país, más de 5,7 millones en total, y los puso a la venta en Internet a un precio de 3.000 dólares, un precio considerado tan escaso que hace pensar que el hackeo es más un mensaje político que un tradicional robo de información.

Los expertos sostienen que los robos de datos tradicionales se hacen con un fin estrictamente económico, lo que determina que en una primera instancia se pide una recompensa a la entidad afectada, pero en este caso no ocurrió eso y los datos se pusieron a la venta.