Productores vitivinícolas denuncian “abusos” de bodegueros

Un nuevo capítulo se presentó en la histórica controversia que sostienen viñateros –sobre todo pequeños y medianos productores– con las bodegas.

Siempre con el mismo contenido y sentido: el precio que se paga y el tiempo que se toman los bodegueros para abonar ese preciado producto que reciben para elaborar la importante variedad de vinos que posicionaron a la provincia y al país ante los ojos de un exigente mercado internacional.

El sistema económico mendocino creyó que cuando fue implementada la Ley 9.133, en 2018, el tema estaba superado. Ese instrumento jurídico coloca las cosas en su justo orden para que ninguna de las partes se sienta perjudicada en la vorágine de una vendimia. Su articulado es tan importante que la Legislatura consideró que el alcance debía cobijar a otros productos agrícolas de Mendoza, como duraznos, ajos, tomates, ciruelas y aceitunas.

Para los observadores de la producción provincial, “la Ley 9.133 representa una garantía para el productor en cuanto al acuerdo de precios y forma de pago a la hora de entregar la mercadería, ya que antes de su sanción solo existían registros que funcionaban a modo de sistema estadístico”.  

Sin embargo, y a pesar de lo dicho, hoy se muestra nuevamente el conflicto en la vitivinicultura con la misma densidad que supo tener antes de la 9.133, y desde el Valle de Uco los productores levantaron su voz expresando que “la concentración económica de la industria vitivinícola empobrece la vida de los viñateros”.

Para la gente de la viña, “los precios a la baja, el dólar planchado y los pronósticos erráticos del INV favorecen a los bodegueros. Necesitamos con urgencia que esto se termine, con un precio de referencia institucionalizado que figure en los contratos, tanto de uva como de vino, antes de entregar la uva. Si no, el riesgo empresario es solamente del productor que financia al bodeguero”.

Firma de contratos “a la baja”

El pronunciamiento de los productores se hizo a través de un comunicado emitido por la Sociedad Rural del Valle de Uco, por lo que nuestro diario entrevistó al presidente de esa entidad del campo, Mario Leiva, a quien se le preguntó por qué hay un nuevo choque entre viñateros y las bodegas. 

Al respecto, el productor respondió: “Tomamos conocimiento que las bodegas están firmando contratos a la baja, algo que perjudica totalmente la economía de los productores”.

—¿Cómo es ese perjuicio? 

—Mire, generar una hectárea de uva malbec para vinos de alta gama como los que se elaboran en el Valle de Uco, sale $300.000, por lo que si se paga $50 pesos por kilo, por 8.000 kilos (el nivel promedio que las bodegas exigen para cada hectárea por esa uva) implicará $400.000 por hectárea, de los cuales quedan $100.000 para el productor.

—¿Cómo los cobra el productor?

—Los cobra a los ocho meses, devorados por la inflación y por algunos gastos que no están, como la Lobesia Botrana y otros puntos impositivos. Solo le queda al productor una suerte de sueldo después de haber invertido US$ 60.000 por hectárea y haber sostenido esa viña durante años.

—Todo un perjuicio...

—Por supuesto. Perjudica la economía del productor y lo funde, porque lo que no entienden los bodegueros prebendarios y más cerca de Venezuela que de una sociedad moderna, es que cuando se les transfieren las uvas para que hagan vinos se les transfieren las propiedades de los productores y ellos no las respetan.

Piden que se haga cumplir la ley

—Pero hay una ley vigente desde el 2018, ¿no se cumple?

—Fíjese que en ese concepto de no respetar la propiedad que implica ese producto que se le entrega a las bodegas, las mismas no las respetan y las aplazan durante 8 o 9 meses en una situación de 50% de inflación. 

“Encima ponen el precio y los plazos, violando e incumpliendo todo lo que dice cada articulado de la Ley 9.133. Esa ley dice claramente que el contrato debe confeccionarse antes de que el productor venda su producción, donde figuran precios y plazos de cumplimiento de los pagos. Ahí están las respuestas y la autoridad que exigimos a la política y a las instituciones que la apliquen en favor del productor”, explicó Leiva.

—Por lo visto la 9.133 no alcanzó con su vigencia.

—¿Sabe lo que pasa? El populismo económico tiene socios, la concentración en el sector vitivinícola está muy clara, no sirvió mejorar la viña, no sirvió el mérito en el trabajo ni tampoco el tan famoso Plan Estratégico. 

“Hoy tenemos bodegas top que venden la botella de vino a $27.000 y cada vez tenemos más productores fundidos. Es inaceptable que el productor primario de la mejor uva del mundo se esté fundiendo. Si el kilo de uva del Valle de Uco no se paga a $65 a 90 días, el quebranto de muchos productores está garantizado”, consideró el entrevistado.