El Senado analiza proyectos de ley para que las denuncias falsas dejen de ser un "gris" legal y acarreen penas de prisión efectiva. Actualmente, el Código Penal argentino se apoya principalmente en la figura del falso testimonio, lo que resulta insuficiente para frenar el aumento de causas fabricadas con el fin de dañar a terceros en conflictos familiares o laborales.
Esta reforma busca proteger la integridad del sistema judicial, hoy saturado por procesos que terminan siendo montajes. Además de castigar al denunciante, la ley propone inhabilitar a profesionales (abogados y psicólogos) que participen en estos fraudes. El gran desafío legislativo es sancionar la mentira sin desproteger ni desalentar a las víctimas reales.


