EJECUCIONES PRENDARIAS
La Cámara de Apelaciones de Mendoza dictó un fallo que deja en una situación desesperante a más de 30.000 ahorristas de planes de auto. La resolución revoca la sentencia de primera instancia que limitaba los aumentos en las cuotas, obligando ahora a los suscriptores a enfrentar deudas acumuladas que, en los casos más extremos, alcanzan los 30 millones de pesos. Este revés judicial anula la protección que regía para quienes contrataron sus planes antes de septiembre de 2019, sumiendo a miles de familias en la incertidumbre financiera.
Fin de la protección y riesgo de secuestros
El tribunal rechazó los argumentos de la jueza Fabiana Martinelli, quien en 2024 había ordenado reliquidar las cuotas utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Daniel Gallardo habló en directo para Sin Verso con la abogada defensora Fabiana González que, según explicó, el nuevo fallo ignora las pruebas de publicidad engañosa y los sobreprecios del 14% que habían sido detectados en las pericias. Los jueces de alzada argumentaron que la fijación de precios es una cuestión de mercado y que los reclamos por abusos deben tramitarse de forma individual, lo que desarticula la fuerza de la causa colectiva que protegía al grupo de damnificados.
El impacto económico es devastador: los ahorristas disponen de apenas 60 días hábiles para negociar saldos que oscilan entre los 7 y 30 millones de pesos, cifras imposibles de afrontar con salarios promedio. Además, el fallo establece que el próximo 15 de junio finaliza la suspensión de las ejecuciones prendarias. A partir de esa fecha, las automotrices estarán legalmente habilitadas para iniciar secuestros masivos de vehículos si no se llega a un acuerdo de pago. La defensa ya prepara un recurso extraordinario ante la Suprema Corte provincial, denunciando un fallo "arbitrario e inconstitucional" que desampara a los consumidores.