"Los salarios universitarios tienen una pérdida del poder adquisitivo superior al 50%"

En medio de las tensiones entre el Gobierno y las universidades argentinas por el anunciado (aunque no concretado) veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, las asociaciones gremiales convocaron a un paro nacional para el jueves 26 de septiembre y madura una marcha al Congreso el 2 de octubre. 

Piera Fernández, presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), describió la gravedad del panorama en el programa Sin Verso, de Ciudadano.News: "La situación hoy es realmente muy compleja para el sistema universitario porque estamos atravesando una crisis que no tiene antecedentes en la historia de la democracia argentina. No hay época de la historia del país donde se haya desfinanciado con la brutalidad que hoy se está haciendo".

Según Fernández, la deuda con la educación universitaria viene arrastrándose desde hace años, pero la actual coyuntura ha agravado significativamente el escenario. "Hace mucho hay una deuda pendiente con la educación, pero nunca nos hemos quedado tan atados a una situación económica tan compleja como la que estamos atravesando hoy, con el 85% de los docentes y el 60% de los no docentes por debajo de la línea de pobreza, con becas estudiantiles deterioradas, con incremento en un 300% de los alquileres, transporte, servicios, desfinanciamiento de los programas de investigación, todo nos pone en un lugar muy complejo".

La presidenta de la FUA, de extracción radical, calificó al Gobierno actual de "necio e insensible" por su decisión de vetar la ley bajo pretextos económicos. "Nos volvemos a encontrar con un Gobierno necio, insensible, que tiene como característica el veto con una excusa desde lo económico", afirmó, señalando además que el impacto fiscal de la Ley de Financiamiento Universitario es mínimo, apenas el 0,14% del PBI. "Las universidades para poder funcionar estamos pidiendo salarios que cubran la canasta básica de los docentes y no docentes, no locuras", agregó.

Un punto clave en la discusión es, según Piera, la falsa percepción de que las universidades funcionan como "cajas de la política". Fernández fue categórica al desmentir esta afirmación: "Es falso que las universidades sean cajas de la política. La sociedad tiene que conocer que esta ley de financiamiento universitario que Milei quiere vetar tiene un artículo donde insta a la Auditoría General de la Nación a auditar a todas las universidades nacionales para fortalecer las auditorías, y eso es lo que hoy Milei quiere vetar". Además, recordó que "muchos libertarios votaron en contra de ese artículo y del proyecto en Diputados".

La mujer, también destacó la contradicción del gobierno al vetar una ley que promueve la transparencia en las universidades. "Han desprestigiado a la universidad, poniéndola como si fuese un centro de corrupción sin ningún elemento para decir esto, y cuando el propio sistema universitario o el propio Congreso está diciendo 'fortalezcamos la transparencia', el que se niega es el presidente de la nación. Me parece muy contradictorio", subrayó.

Otro tema que genera preocupación es el presupuesto 2025, que, según Fernández, está muy por debajo de lo necesario para sostener el sistema universitario. "El presupuesto 2025 viene con mucha preocupación porque es la mitad de lo que se pidió en un año donde ya venimos terriblemente atrasados", explicó, advirtiendo sobre el congelamiento salarial. "Hoy un docente de categoría simple en una universidad, dependiendo de la antigüedad y cargo, cobra entre 160 y 320 mil pesos, y son la gran mayoría de los docentes. Entonces, los salarios docentes y no docentes tienen una pérdida del poder adquisitivo superior al 50%".

El paro del jueves 26 será solo una de las medidas que las asociaciones gremiales y la comunidad universitaria tienen previstas. Piera Fernández anticipó que podría convocarse una nueva movilización en la primera semana de octubre, para exigir a los diputados que respeten la Ley de Financiamiento Universitario y eviten el deterioro de una de las instituciones públicas más valoradas del país. "La responsabilidad de equilibrar poderes y representar a la ciudadanía es de los diputados", concluyó, señalando que el destino de miles de jóvenes argentinos está en juego.