El debate sobre el financiamiento de la educación superior en Argentina ha tomado un giro inesperado tras la presentación de un informe de la Fundación Libertad y Progreso. Gastón Kelly, Jefe de Desarrollo Humano de la entidad, en diálogo con Sin Verso, se refirió a la necesidad de replantear la gratuidad del sistema universitario bajo un principio de equidad. La propuesta central sugiere que aquellos estudiantes pertenecientes a los quintiles de mayores ingresos comiencen a pagar una matrícula o arancel, permitiendo que el Estado redireccione esos fondos hacia la alfabetización inicial y la primera infancia, áreas que hoy presentan carencias críticas.
El fracaso de los números: pocos graduados y presupuesto desigual
La base del reclamo se apoya en estadísticas alarmantes sobre la eficiencia del sistema actual. Según el informe, aunque Argentina tiene una de las tasas de estudiantes más altas de la región, solo registra 32 graduados por cada 10.000 habitantes, quedando muy por debajo de países como Brasil o Chile. "La universidad hoy es cada vez más elitista", sentenció Kelly, señalando que solo el 19% de los alumnos en universidades públicas logra egresar en tiempo y forma. Esta ineficiencia se suma a una brecha presupuestaria brutal: el Estado destina 800 veces más recursos a las universidades que a los planes nacionales de primera infancia.
Además de la propuesta de cobro por capacidad económica, la fundación sugiere una "moratoria" en la apertura de nuevas universidades. Critican la proliferación de casas de estudio en el Conurbano bonaerense que replican las mismas carreras sin criterios de excelencia o necesidad regional. El objetivo final, aseguran, no es desfinanciar la educación, sino romper con la ideologización del presupuesto para priorizar las bases del sistema educativo, donde el daño por la falta de recursos es hoy irreversible para los sectores más vulnerables.