SEGURIDAD SANITARIA
El vacío legal sobre el control de sustancias anestésicas en el ámbito privado y público está por cerrarse. Un nuevo proyecto de ley busca regular estrictamente el uso del propofol, estableciendo la obligatoriedad de reportar cualquier faltante o robo en un plazo máximo de 24 horas. La iniciativa surge como respuesta directa a la detección de mercados negros de fármacos que operan bajo la sombra de la falta de controles internos en centros de salud.
Sanciones severas y nuevos protocolos
La normativa no solo apunta a los delincuentes externos, sino a la responsabilidad civil y penal de los directivos de hospitales y clínicas. Si una institución omite informar la pérdida de stock, podría enfrentar desde multas millonarias hasta la suspensión de sus licencias operativas. El objetivo es garantizar que cada vial de propofol tenga una trazabilidad clara desde su ingreso al centro hasta su aplicación en el paciente, evitando que termine en manos de terceros para usos indebidos.
Expertos en seguridad sanitaria señalan que el propofol, al no estar bajo los mismos controles que los psicofrópicos de la Lista IV en algunas jurisdicciones, se convirtió en un blanco fácil para el robo hormiga. Con esta ley, el sistema de salud deberá implementar registros digitales de acceso restringido, equiparando su vigilancia a la de los estupefacientes más potentes. La transparencia en la gestión de insumos críticos ya no será una opción, sino un requisito de supervivencia legal para los prestadores de salud en todo el territorio.