El Gobierno nacional anunció el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ)

Como parte de la fuerte política de ajuste que lleva adelante el gobierno de Javier Milei, el Ministerio de Justicia de la Nación anunció este lunes el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ). Los espacios multidisciplinarios brindan atención legal primaria gratuita a poblaciones de bajos recursos.

A través de un comunicado, la cartera que encabeza Mariano Cúneo Libarona, expresó que la clausura de los CAJ se debe a que "brindaban de manera ineficiente servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias".

Justicia informó que "el Poder Ejecutivo determinó que los CAJ acumulaban empleados de distintas gestiones anteriores en dependencias alrededor de todo el país, sin demostrar resultados y duplicando funciones", y aseguraron que el gasto de funcionamiento "le costaban a los argentinos más de $8 mil millones por año".

En esa línea, las autoridades ministeriales cuestionaron la utilización de fondos para tal fin y expresaron que "en la nueva etapa que vive nuestro país ya no puede ocurrir más. Este Gobierno cuida el dinero de los contribuyentes".

"Todos los ciudadanos tienen garantizado el acceso a la justicia a través del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, y/o el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos. Por lo tanto, es injustificable la financiación de más oficinas, más empleados, y más recursos dedicados a la misma función", concluye el texto.

Más despidos

Desde la Asociación de Empleados del Estado (ATE) advirtieron que la medida implica 400 despidos. Silvina Silva, trabajadora del Centro de Acceso a la Justicia Padre Bachi de La Matanza y delegada en la Secretaría de Justicia, comentó el viernes pasado que se encuentran "en situación de alerta por los inminentes despidos en los CAJ que están distribuidos en todo el país por una resolución de la que nos notificamos hoy".

Según dijo, el objetivo de la normativa es avanzar en un proceso "de reorganización y vaciamiento, lo que implica cerrar, despedir y anular las políticas públicas con las que trabajamos todos los días en los barrios más vulnerables, pero también para toda la sociedad".

La delegada de ATE señaló que en el área registran un total de 270 despidos desde el mes de diciembre. "Ahora, con estas resoluciones, existe el peligro de que tengamos 400 despidos más", añadió.

Con información de Ámbito