El Gobierno de Mendoza avanza con un plan firme para regularizar la situación habitacional en toda la provincia. El presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Gustavo Cantero, advirtió que intensificarán los controles sobre aquellas unidades que presenten mora en las cuotas o sean utilizadas con fines de lucro, como el alquiler a terceros o la venta irregular sin autorización.
Cambios legislativos para acelerar desalojos
El foco principal de la gestión no está puesto únicamente en la recaudación, sino en preservar el uso social de la vivienda. Cantero explicó que se han detectado casos emblemáticos donde adjudicatarios publicaban sus casas en plataformas de alquiler temporario. Ante esta desnaturalización del sistema, el Ejecutivo envió a la Legislatura una propuesta para modificar el Código Procesal Civil. El objetivo es que las causas se trasladen a los juzgados de paz, permitiendo que los procesos de desalojo sean sumarísimos y rápidos.
Actualmente, el trámite administrativo es extenso y, al judicializarse, suele volverse "eterno". Con este cambio, el IPV busca recuperar las unidades desadjudicadas de manera efectiva para reasignarlas a familias que realmente necesiten un techo. Cantero subrayó que el organismo ofrece múltiples planes de pago y facilidades para quienes se acerquen voluntariamente a regularizar su situación. La intención es que la política habitacional sea sostenible en el tiempo, priorizando a quienes cumplen con sus obligaciones y respetan el fin social del beneficio otorgado.