La audiencia pública que hoy se dará en Mendoza para debatir la constitucionalidad de la prisión perpetua, mostrará mucho más que un asunto que envuelva a la carta magna provincial. Todos aquellos factores jurídicos y de política carcelaria con lo que está en falta la provincia y el país, desde hacen muchos años.
Si bien muchos estarán envueltos en añejos enfrentamientos de doctrinas políticas garantistas o de extrema rigurosidad, el tema es también mostrar la capacidad de la provincia en sus cárceles para dar cumplimiento a una pena de tamaña envergadura.
El debate también servirá para saber y entender cuán preparada está nuestra sociedad, en sus estructuras jurídicas y democráticas para constituir juicios justos, respuestas al golpeado ciudadano con una sostenida inseguridad que encierra delitos aberrantes. En definitiva, saber cómo está preparado nuestro sistema Judicial para responder en el ámbito penal.
La prisión perpetua es el máximo castigo que indica el Código Penal
Buscando otras voces que den su opinión sobre el tema, diario El Ciudadano entrevistó al abogado penalista Daniel Álvarez, profesional de amplia trayectoria en el Valle de Uco, que lleva casos resonantes como el de los tres niños vejados por un sujeto en San Carlos, la defensa de Leonardo Hisa, imputado en el crimen de la empresaria Norma Carleti, entre otros.
-¿Cuál es su posición sobre la prisión perpetua?
-La pena de prisión perpetua es un castigo máximo que, hoy por hoy, brilla por su ausencia en nuestro Código Penal. Aún así considero que sí tiene que ser una respuesta punitiva ante un hecho de tamaña gravedad que implique imponer esa pena.
-Cuando se plantea esta pena, ¿se piensa en la víctima o en el acusado?
-Creo que hay que pensar en la en las víctimas. Porque una cosa es un homicidio culposo que un abogado penalista pueda defender o un homicidio en donde una persona tuvo una determinada participación. Otra cosa es un homicidio simple con determinados agravantes que es lo que estamos hablando, ubicándonos en el tema de la prisión perpetua”.
-Es decir, que la cuestión se coloca del lado de la víctima…
-Sí, en ese sentido hay que ponerse claramente a favor de la víctima, eso no reviste duda alguna. Pero, es importante aclararle a la gente sobre la tarea del abogado penalista, que tiene como misión cuando es contratado por cualquiera de las partes, hacer la defensa correspondiente. Esto lo digo porque es un derecho humano que puede sonar chocante ante una víctima que ha sido vulnerada en sus derechos y fundamentalmente el derecho a la vida. Pero, debe entenderse y asumirse que, en un país civilizado, con una democracia que funciona debe implementarse un juicio justo y darse un castigo ejemplar. Así debe ser y así funciona el sistema.
Las cárceles no están preparadas ni aquí, ni en la Nación
-¿El sistema carcelario mendocino está preparado?
-No, para nada, decididamente no, no está preparado en Mendoza y no está preparado el sistema carcelario general de la República Argentina para penas de esta envergadura.
-¿Ni en ninguna otra parte del país?
-Sí hay, si se tiene en cuenta Sierra Chica y otros penales de la Argentina que tienen algunos internos cumpliendo cadena perpetua. Como por ejemplo, el caso emblemático de Robledo Puch, que no significa que es la generalidad de los casos, porque, en definitiva, no están dadas las condiciones de infraestructura carcelaria para que la prisión perpetua sea de efectivo cumplimiento.
-Pero la gente debe sentir que la Justicia lo asiste…
-Sí, usted tiene razón, porque además si uno va al fondo de este tema el ciudadano busca justicia. Y justicia es, en un viejo adagio de Ulpiano, dar a cada uno lo suyo, por lo que, si se instrumenta la pena de prisión perpetua, pues que le corresponda a quien se le tenga que dar después de un juicio justo.