Clausuran y limpian un espacio de alta contaminación para construir viviendas

Tras más de medio siglo de funcionamiento, la Playa de Secuestros San Agustín cierra un ciclo en su historia. Gracias a un trabajo planificado y coordinado por el Gobierno de Mendoza, que incluyó un proceso de descontaminación y compactación, se puso fin a la acumulación de vehículos en este predio.

 Este hito marcó el inicio de un sistema integral que redefinió la gestión de secuestros de rodados en la provincia.

Durante un recorrido que realizaron el gobernador Alfredo Cornejo y el intendente Ulpiano Suarez, junto a otros funcionarios, el mandatario provincial anunció que este programa será replicado en otras playas de la provincia, comenzando en febrero con la limpieza del predio ubicado en San Martín. Al respecto, aseguró: "Nuestro objetivo es intervenir en todas las playas de la provincia para liberar espacios y mejorar las condiciones ambientales".

 

Construcción de viviendas

 

 

En relación con el futuro de la Playa San Agustín, Cornejo adelantó un proyecto conjunto con el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y la Municipalidad de Capital para reutilizar el terreno. "La idea es construir viviendas sociales en etapas", dijo, y agregó: "Estamos avanzando con los estudios necesarios para llevarlo adelante", dijo.

Ante esto, el intendente Suarez explicó que en un primer momento se realizarán las tareas de movimiento de suelo en una hectárea y media de predio, para luego llegar a una urbanización y construcción de 56 viviendas. Dijo que esta acción "va a contribuir al ordenamiento habitacional en este gran conglomerado que es La Favorita".

Según detalló, los trabajos comenzarán en febrero-marzo, tendrá un plazo de ejecución de 18 meses, "con una inversión muy importante de $1.000 millones, de los cuales aproximadamente $700 millones aportará el Municipio para urbanización, movimiento de suelo y ampliación de vivienda y, el resto, los 300 millones, los aporta el IPV".

 

 

Principio y fin

 

La Playa de Secuestros fue creada en 1972, cuando la Provincia de Mendoza otorgó a la Policía cinco hectáreas para alojar vehículos derivados de la Ley de Tránsito. Desde entonces, se convirtió en un espacio destinado al depósito de vehículos secuestrados por diversas normativas.