Desalojarán a usurpadores Mapuches de Los Alerces

Mañana jueves se llevará a cabo el desalojo de un grupo de autodenominados mapuches del Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut, que desde 2020 ocupa ilegalmente un predio, y el Gobierno nacional señaló que están encabezados por Cruz Cárdenas, quien permanece de forma fija en el parque y que está acusado de haber causado incendios que destrozaron miles de hectáreas en el área protegida.

Cabe aclarar que a la decisión la avala una sentencia firme de la Justicia, permitiendo la intervención de las Fuerzas Federales, y según la orden emitida por el juez federal Guido Otranto, los integrantes de la comunidad, que en 2020 ocuparon de manera violenta instalaciones de Parques Nacionales y avanzaron sobre terrenos públicos y privados, tienen pocas horas para retirarse voluntariamente, antes de que se proceda a ejecutar el mandato. "Tras agotarse todas las instancias judiciales y los intentos de retirada pacífica, se procederá al desalojo del grupo autoproclamado mapuche encabezado por Cruz Cárdenas", indicó la cartera de Patricia Bullrich.

 

 

Trabajarán en el desalojo la Vicejefatura de Gabinete del Interior y la Administración de Parques Nacionales, bajo estrictos protocolos de seguridad, de acuerdo a lo notificado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, y la comunidad fue notificada el 2 de enero por un oficial de justicia acompañado por miembros de la Policía Federal, emplazando a los usurpadores a retirarse de forma voluntaria antes del jueves 9 de enero.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich encabezará el operativo junto con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres y el presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen, y el mismo día se firmará el acta de restitución de las tierras a Parques Nacionales. 

La comunidad Lof Paillako, que de ella se trata, permanece en áreas protegidas que incluyen una seccional de Guardaparques y nunca bajó la tensión, que registró ataques verbales y físicos hacia el personal de la Administración de Parques Nacionales, y afectó los derechos de propiedad del Estado Nacional.

El operativo se inscribe también en la política determinada por el Gobierno nacional de no prorrogar la Ley Nº26.160 de emergencia territorial indígena, legislación impulsada por administraciones anteriores que suspendía desalojos en tierras reclamadas por comunidades indígenas.