Ya está en el ámbito legislativo el decreto que rechaza la totalidad de la ley jubilatoria

La discusión aún no termina, el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria ya fue comunicada oficialmente al Congreso con lo cual se pone en marche el proceso de nuevo tratamiento en las dos cámaras y la puja para lograr los dos tercios para insistir en su promulgación o la anulación en caso de no alcanzar el número de votos requeridos.

Es importante destacar que ahora las cámaras no tienen un plazo estipulado para resolver el tema, por lo cual se estima que las negociaciones pueden prolongarse.

La ley que establecía un aumento de jubilaciones del 8,1% no se aplicará mientras permanezca vigente el decreto 782 firmado el viernes pasado y publicado hoy en el Boletín Oficial.  

"Tengo el agrado de remitirle adjunto al presente el Original del Mensaje N° 45/2024, que comunica el dictado del Decreto Nº 782/2024, por el cual se observa totalmente y se devuelve el Proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.756", señaló el Gobierno en la nota dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.  

Ahora el veto total deberá ser tratado en las comisiones de Previsión y Seguridad Social y Presupuesto y Hacienda, que serán un filtro difícil de superar para la oposición porque esa última comisión es conducida por el libertario José Luis Espert.   

El radicalismo ya decidió que la presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad, Gabriela Brouwer, citará lo antes posible a ese organismo parlamentario para emitir dictamen de insistencia con la ley sancionada por el Congreso. 

El problema se presenta con la Comisión de Presupuesto, por lo que no se descarta que los bloques opositores recurran a un emplazamiento de ambas comisiones, una medida que sólo se puede tomar cuando haya una sesión del cuerpo legislativo.   

De todos modos, el oficialismo ya trabaja para que la oposición no junte los dos tercios: para ello debe reunir 86 votos, si es que los 257 legisladores estuvieran presentes en el recinto de sesiones.  

En los considerandos del decreto el Gobierno señaló que el proyecto sancionado por el Congreso "es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento".  

También indicó que la ley de Administración Financiera es clara al "exigir" de forma expresa que "toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento".   

El Gobierno argumentó para rechazar la ley que si se llega aplicar generará un gasto adicional de 6 billones de pesos para el 2024 y de 15 millones billones para el 2025, que "equivalen al 1.02 por ciento del PBI calculado para el año en curso; y 1,64% de aquél, estimado para el año entrante". 

Y marcó que, de aplicarse la ley sancionada por el Gobierno, implicará un incremento del 18,5% del gasto de la ANSES para 2024 y de 29,2% para 2025.