"Vamos hacia un conflicto de poderes impulsado por el oficialismo"

Martín Casares, ex jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y actual secretario general del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, expresó, en el programa Metaverso, de Ciudadano.News, su preocupación y críticas respecto al decreto firmado por el presidente Alberto Fernández que permite que Ana María Figueroa continúe siendo jueza en la Cámara de Casación Penal por cinco años más, luego de que el Senado votara la semana pasada la continuidad de la magistrada.

Casares señaló que esta situación era previsible después de lo que él llamó una "desastrosa intervención del Senado la semana pasada".  Además, argumentó que el procedimiento va en contra de la Constitución Nacional, específicamente el artículo 99 inciso 4 que “establece de manera taxativa que los jueces que quieran continuar en la función luego de los 75 años deben obtener un acuerdo del Senado previo”.

Casares advirtió que este escenario podría conducir a un conflicto de poderes, ya que luego del decreto del presidente, la Corte Suprema debería tomar juramento a Figueroa para que continúe en su cargo, pero esta acción podría no llevarse a cabo, porque la Corte ha indicado previamente que la magistrada cesó en sus funciones al cumplir los 75 años sin la aprobación de su pliego.

“Vamos hacia un conflicto de poderes impulsado por el oficialismo, primero desde el Senado y ahora perfeccionado desde el Ejecutivo”, afirmó.

El exfuncionario recordó que institucionalmente y según sistema constitucional de Argentina “la Corte Suprema es la última intérprete de la Constitución Nacional, con lo cual la única que tiene la palabra final en qué dice y cómo debe interpretarse la Constitución es la Corte, no el Ejecutivo o la interpretación que haga algún bloque del Senado”.

En última instancia, Casares lamentó que esta situación genere desconfianza en la justicia y en el Poder Judicial, y resaltó que “toda esta situación de tensiones y conflictos entre los distintos poderes, lo que hace es retrasar la designación de magistrados que son necesarias para que los tribunales puedan funcionar de manera oportuna”.

Por lo que agregó: “Esto tiene que ver con un exceso de politización de la agenda judicial que no le conviene a nadie y mucho menos a las personas que tienen sus trámites en los tribunales”.