El Gobierno nacional formalizó el envío al Senado de un proyecto de ley que busca modificar sustancialmente la Ley Nacional de Salud Mental. La iniciativa, analizada previamente en la mesa política de Casa Rosada, pretende "modernizar" un sistema que, según el Ministerio de Salud, presenta fallas críticas de implementación y una cobertura desigual en las provincias.
Las claves de la reforma oficial
El primer eje central es el cambio en la terminología diagnóstica. El proyecto propone abandonar el concepto de "padecimiento mental" por el de "trastornos mentales o del comportamiento", alineándose con la Clasificación Internacional de Enfermedades para otorgar mayor precisión clínica y evitar demoras en las intervenciones.
En segundo lugar, se busca flexibilizar los criterios de internación involuntaria. Actualmente, la ley exige un "riesgo cierto e inminente"; la nueva propuesta permite intervenciones más preventivas basadas en el contexto y antecedentes del paciente. En casos de urgencia, un médico psiquiatra podrá ordenar la internación, la cual deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario en un plazo de 24 horas.
Como tercer punto, el Ejecutivo cuestiona la viabilidad de cerrar los hospitales psiquiátricos. En su lugar, propone fortalecer una red de atención por niveles de complejidad, argumentando que los hospitales generales aún no cuentan con la infraestructura ni el personal necesario para absorber la demanda total.
Finalmente, el texto aborda la atención federal, buscando que las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires unifiquen criterios, ya que actualmente solo 16 jurisdicciones están adheridas formalmente. Con esta reforma, el oficialismo busca garantizar el derecho a la protección de la salud mental mediante un esquema que combine la seguridad del paciente con la eficacia médica.