10 Enero de 2024 - 17:46
Durante su visita a la Cámara de Diputados, La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que el Gobierno decidió retirar de la ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" la obligación de pedir permiso a las autoridades para la realización de reuniones de tres o más personas en espacios públicos.
“Les vengo a decir que es nuestro objetivo retirar ese artículo directamente porque está suficientemente explicado en otros artículos”, señaló, en referencia al artículo 331 "que para la oposición representaba un grave peligro que lesionaba el legítimo y constitucional derecho a la protesta", dijo,
Además destacó que “al haberse generado una confusión pensamos que es mejorar retirarlo. Denlo por retirado” .
Vale recordar que el controvertido artículo 331 definía a la reunión o manifestación como una “congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público”, que estipulaba que "estas reuniones o manifestaciones debían ser notificadas al menos 48 horas antes de su realización ante Ministerio de Seguridad, que se guardaría la potestad de autorizar o rechazar la convocatoria",
"Esto obligaba a explicar las características de la manifestación, los datos de la persona u organización que la convoca especificando “nombres y datos personales”, la finalidad, el recorrido de la marcha, el tiempo de duración y la cantidad estimada de participantes.
Legítima defensa
Otro de los artículos del gigantesco proyecto referido a seguridad es el que propone un cambio en el concepto de legítima defensa, en línea con otros países latinoamericanos. La idea es que la proporcionalidad de la respuesta debe ser interpretada siempre en “favor de la gente que va a impedir un delito, que va a impedir la muerte de una persona, el ataque hacia él o hacia un tercero”.
Con ello se busca dar mayor tranquilidad y protección a los agentes de fuerzas de seguridad, para que no sienta que por hacer su trabajo pueden "quedar presos de por vida", y lo ejemplificó comparando cuando un agente de seguridad enfrenta a un delincuente que atenta contra el orden con un arma, no tiene tiempo para dilucidar si dicho arma es real o es una réplica de juguete.
En ese sentido, “debe actuar en tiempo y forma” y si sucede que finalmente el arma era de juguete, no puede luego utilizarse el criterio de la proporcionalidad en contra del agente. “Si alguien ataca con un arma a un tercero y el policía va, no le puede preguntar al criminal si su arma es de juguete o es de verdad"..
Tiene que actuar porque si no actúa en tiempo y forma, el daño y la falta de responsabilidad en su tarea es mayor", analizó. “Este cambio es fundamental en la capacidad operacional de la fuerza de seguridad”, resumió la ministra.
Gatillo fácil
En otro tramo de la presentación Bullrich repudió los "fusilamientos" pero cuestionó las denuncias por “gatillo fácil” al sostener que “los delincuentes no pueden convertirse en víctimas. Los delincuentes toman la decisión y el riesgo delinquir. Si toman el riesgo, no pueden en el fracaso de su delito convertirse en víctimas".
"Siguen siendo victimarios. Los delincuentes no pueden tener derecho a pedir resarcimiento del Estado por un crimen que les salió mal”, argumentó.
“También hemos planteado un cambio para que en este caso el delincuente no pueda terminar siendo querellante en el proceso”, explicó, agregando que cuando "el delincuente produce un hecho y viola la ley, se genera una situación de enfrentamiento con un miembro de las fuerzas de seguridad o con quien sea, y luego el que provocó el daño después a la vez puede decir voy, me presento y quiero un resarcimiento”.
“¿Resarcimiento por qué? ¿Por ser chorro? No hay resarcimiento por ser chorro. Hay consecuencias por se ladrón o criminal”, sostuvo la Ministra Bullrich.
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