Publicidad oficial sigue en pausa: el Gobierno prorrogó la suspensión por otro año

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó a través de sus redes sociales la renovación de una de las medidas emblema del gobierno de Javier Milei y es la suspensión de la pauta oficial.

Según informó, la decisión de extender por un año más esta política continuará vigente durante todo 2025, replicando la implementación realizada en 2024.

Un compromiso de campaña convertido en política de Estado

La suspensión de la pauta oficial fue oficializada en los primeros días de la gestión Milei mediante el Decreto 89/2023, firmado tanto por el presidente como por su entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Este decreto estableció la interrupción, por un plazo de un año, de "las campañas institucionales de publicidad y comunicación con carácter oneroso realizadas por la Administración Central". 

Además, incluyó la posibilidad de prorrogar la medida mediante un acto fundado, lo que ahora se concreta.

El texto también exceptúa de la suspensión a "los actos de publicidad oficial cuya obligatoriedad surja de la normativa vigente, así como a las campañas derivadas de casos de fuerza mayor o necesidades comunicacionales puntuales debidamente justificadas". Este criterio permite a la administración actuar con flexibilidad ante situaciones extraordinarias.

En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo destacó la necesidad de priorizar el uso eficiente de los recursos estatales. "En las actuales circunstancias resulta conveniente suspender la realización de campañas no esenciales con el doble objetivo de adecuar las estructuras y procedimientos y hacer más eficiente el gasto", señala el documento. A su vez, establece la importancia de discriminar entre "publicidad de los actos de gobierno que resulte necesaria y aquella que puede ser omitida siguiendo criterios de oportunidad y conveniencia".

Contexto económico

El ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado que durante 2023 las erogaciones en pauta publicitaria por parte de la Presidencia y los ministerios alcanzaron los 34.000 millones de pesos. La medida, anunciada inicialmente como parte de un paquete económico, buscó reducir el gasto público y reorientar los fondos hacia áreas prioritarias.