Proponen modificaciones a la Ley que crea la Oficina de Ética Pública

Mientras se debate sobre la continuidad o reemplazo del actual auditor de Ética Pública, Gabriel Balsells Miró, quien culmina su mandato pero a la vez se ha propuesto su continuidad desde el Gobierno provincial, la diputada provincial Mercedes Llano (PD) propone modificar artículos de la Ley de creación de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública (Ley N° 8.993) para la elección de su titular, a los efectos de despolitizarla  y combatir la corrupción y en particular, el enriquecimiento ilícito.

Vale recordar que el gobernador Rodolfo Suarez ya envió a la Legislatura Provincial los pliegos del abogado y ex diputado provincial para que sea nuevamente elegido para el cargo, por los próximos cinco años, y está en el cargo desde su creación, el 14 de mayo de 2018, en tiempos de la gestión de Alfredo Cornejo. Para asumir dejó su cargo de diputado, el que había asumido por el oficialismo en 2015.

Los cambios propuestos

La primera modificación que se pide afecta a los requisitos “para la selección del cargo a través de un período de carencia, es decir que el elegido no pertenezca a ningún partido político ni haya tenido actuación en la función pública en los últimos diez años.

Con esta propuesta se busca despolitizar el cargo y brindarle mayor independencia”. Además, la legisladora propone que debe ser elegido mediante el voto público de los dos tercios de los miembros de Senado, a los fines de que “la idoneidad, prestigio e independencia del postulante sean tales que conciten altos niveles de consenso Legislativo”.

También propone darle pleno poder al Auditor para “investigar actos de corrupción,  a través de todo tipo de acción judicial como legitimado activo, con el fin de obligarlo a evaluar e investigar las  variaciones patrimoniales injustificadas de los funcionarios y legisladores de la Administración Pública”.

Contempla la prohibición de su reelección, es decir que una vez que termine su mandato de cinco años no puede ser reelecto para el mismo cargo.

El proyecto de reforma propone la inclusión de la figura de las denuncias anónimas como herramienta de investigación,  siempre y cuando se encuentren especificadas, exista gravedad en el hecho denunciado, y aceptar si el denunciante decide conservar el anonimato.