Nueva denuncia civil contra Cristina Kirchner

Cristina Fernández de Kirchner, con un frente judicial complicado, una condena a prisión en primera instancia por la causa Vialidad y varios juicios en su contra en trámite, suma una hasta ahora desconocida causa, esta vez por “daño moral” que le iniciaron los tres hijos del difunto locutor y exintendente de Morón Juan Carlos Rousselot, que si bien no es nueva, ya que la presentación de Gerardo Marcelo, Fabián Arturo y Marta Patricia Rousselot data de 2017, el expediente atravesó los vericuetos de tribunales y tuvo además como excusa la pandemia de por medio.

En la causa que tramita en el Juzgado Civil número 72, a cargo del juez Eduardo Maggiora, fueron citados como testigos el expresidente interino Eduardo Duhalde; el titular del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, y el secretario general de los gastronómicos, Luis Barrionuevo, pero nunca llegaron a declarar, y ahora el reclamo está en Cámara por una apelación de la expresidenta contra el rechazo a un planteo de cierre de la causa por “falta de acción”.

La familia Rousselot inició la demanda reclamando “el pago de la suma de dinero de monto indeterminado” por el daño moral que dicen haber sufrido a raíz de una cadena nacional de Cristina Kirchner cuando aún era presidente de la Argentina. “El 20 de agosto de 2015, Fernández de Kirchner, por entonces presidente (sic) de la Nación, en ocasión de un discurso emitido en vivo y en directo por cadena nacional desde el Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario, de la Casa Rosada, manifestó: 'Es la misma cara (en alusión a Mauricio Macri) que fue la que causó la división en tres partidos de Morón cuando cayó Rousselot por la estafa de las cloacas'”.

Para los hijos del exintendente, “la imputación fue clara y precisamente circunstanciada respecto del hecho delictual falsamente atribuido al padre, quien falleció el 7 de julio de 2010, o sea más de cinco años antes de las expresiones injuriosas y calumniosas objeto de la demanda”. Rousselot "no cometió nunca el delito de estafa con la suscripción del convenio para el desarrollo del Plan Cloacas. Ni en perjuicio del Municipio de Morón, ni de sus contribuyentes. Tanto ello es así, que no pesa ni nunca existió imputación ni procesamiento, mucho menos condena firme, que encuentre causa en tal hecho o motivo”, señala el documento que dio inicio al expediente.

Sostienen que Cristina Kirchner estaba "en conocimiento de la sinrazón de su manifestación calumniosa” y por ello “no podía válidamente, con total liviandad, sin apego al más mínimo rigor técnico que le imponía su doble condición, sostener enfáticamente que Rousselot haya estafado”. Al responder la demanda, la expresidente negó “haber calificado como estafa al Plan Cloacal que fuera firmado por el padre de los mandantes, en su calidad de intendente de Morón, con la firma SIDECO”, propiedad del Grupo Macri, “Esta parte sólo mencionó, al pasar, un conocido episodio de la historia de la Provincia de Buenos Aires, con el nombre mediático del hecho, que derivó en la conformación de los partidos de Ituzaingó y Hurlingham.(…) Si efectivamente fue una estafa o no, quedará en la conciencia del difunto Rousselot y del Poder Judicial”, aseveró.

Cristina Kirchner pidió el rechazo “de la aventura judicial que intentan algunos descendientes de Rousselot” y dijo desconocer “los motivos que empujaron a los actores a intentar un resarcimiento del que no son legitimados y sobre un hecho absolutamente inexistente y distorsionado”.

En septiembre de 2023 el juez Maggiora rechazó el planteo de “caducidad de instancia” y dos meses más tarde, el 29 de noviembre, las partes (Cristina no fue y asistió su abogado, Luis Joel Goldín) asistieron a una audiencia de conciliación que fracasó.