La Justicia obliga a hacer público el acuerdo de Milei con el FMI por 20 mil millones de dólares

En respuesta a una presentación de amparo donde denunciaron la violación de la Ley de Acceso a la Información Pública (27.275), el Juzgado Federal de Dolores condenó al Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, a entregar en un plazo de cinco días el expediente completo del DNU 179/2025. Se trata del acuerdo entre el Gobierno nacional y al el Fondo Monetario Internacional según el cual se contrajo un crédito de 20 mil millones de dólares..

Los denunciantes fueron la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y la presentación estuvo a cargo de Francisco Verbic en representación de esas entidades, que obtuvieron un fallo que determinó que la cartera económica intentó "eludir la entrega" de la documentación mediante maniobras administrativas. 

 

Fundamentos

 

La Justicia explica que primero tramitó el pedido bajo la normativa vigente, incluso solicitando una prórroga, pero luego desconoció la aplicación de la ley y derivó el caso a un procedimiento más restrictivo y burocrático,  y en ese aspecto el juez determinó que el Estado debe acatar la norma sancionada en democracia y con amplio consenso, por sobre reglamentaciones dictadas en gobiernos de facto.

 

 

Citando a la Corte Suprema de Justicia, que sostiene que el derecho al acceso a la información es un derecho humano fundamental y que toda persona puede solicitarla sin acreditar un interés especial, em magistrado determinó que "la información pública no pertenece al Estado, sino al pueblo de la Nación Argentina".

También se destacó en la sentencia que el DNU en cuestión no explicita las condiciones ni las razones del empréstito con el FMI, lo que refuerza la necesidad de transparencia: "El derecho a la información pública se rige por el principio de máxima divulgación", sostuvo la sentencia.

Con la decisión el Ministerio de Economía queda obligado a entregar la totalidad del expediente, con anexos y documentos incluidos, en un plazo máximo de cinco días hábiles, y el fallo es un antecedente clave en materia de control democrático y acceso a información estatal.