La participación ciudadana en Argentina acaba de marcar un hito histórico. Según confirmó el diputado Emanuel Fugazzotto (Partido Verde) al periodista Daniel Gallardo, cerca de 90.000 personas se inscribieron para la audiencia pública que debatirá las reformas a la Ley de Glaciares.
Este volumen de interesados desborda cualquier previsión del arco político y refleja una preocupación generacional por la preservación del agua. La sociedad civil busca blindar los recursos naturales ante el avance de proyectos mineros, exigiendo que el desarrollo económico no comprometa el equilibrio ambiental. El mensaje es claro: la protección de los glaciares no es negociable para la ciudadanía.