FOPEA rechaza los cambios por decreto introducidos a la Ley de Información Pública

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechazó los cambios que el Gobierno nacional introdujo por decreto en la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública y advirtió que "implican un grave retroceso democrático, ya que al limitar los datos que pueden ser proporcionados desalienta la participación ciudadana en los asuntos del Estado y oscurece la gestión pública".

El Decreto 780/2024, reglamentario de la Ley N° 27.275, contiene restricciones al derecho de acceso a la información pública que lesionan su efectiva vigencia. Los cambios se oficializaron a través del decreto 780/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial. 

Allí se incluyen límites a la interpretación de los asuntos de interés público. Entre ellos, "el alcance del concepto de 'información pública', que comprende cuestiones de interés público ligadas a la actividad estatal y su control, y excluye por su propia naturaleza a la información que hace al ámbito privado del funcionario o magistrado, especialmente cuando la solicitud pretende ingresar a una esfera típicamente doméstica". También se especifica el alcance del término "documento", al señalar que "las deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo, o el examen preliminar de un asunto, no serán considerados documentos de carácter público".

Además, se introduce un artículo referido a la "buena fe", y se fija que "la violación al principio de buena fe por parte de todos los actores intervinientes configura el supuesto previsto en el artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación", que implica la imposición de indemnizaciones.

FOPEA señaló que debe presumirse como regla que toda la información que existe en poder de órganos públicos puede y debe ser divulgada. "Ponemos de manifiesto hoy, tal cual lo hicimos en el 2016 cuando la ley se sancionó, que son los ciudadanos los dueños de la información pública y no el Estado, por lo que el permitir su conocimiento no es una concesión discrecional de los gobiernos, sino un imperativo normado", detalló el organismo.

Y agregó: "Por ello alertamos que una limitación en este aspecto ataca todos los principios de transparencia activa. Tal como sostiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y a la crítica del público y esa diferencia se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente". 

FOPEA agregó que "destacamos que nos preocupa especialmente el artículo que pretende confeccionar un registro dirigido a identificar al solicitante, el contenido de la solicitud y la respuesta brindada "con el fin de agilizar y facilitar la respuesta de nuevas solicitudes cuyo contenido coincida con el de otras evacuadas previamente".

La Organización de las Naciones Unidas, al analizar el acceso a la información pública, advierte que no es concebible un Estado en el que existan "secretos" o informaciones privilegiadas porque esto significaría que se actúa en función de algún "interés particular" desnaturalizando la propia concepción de la democracia, suma FOPEA, y completa: "En rigor, ninguna modificación administrativa puede significar un retroceso en la garantía del derecho, tal como se pretende con este decreto publicado hoy, en el que incluso se habla de 'abuso en el ejercicio' de petición por parte de los solicitantes".

Y cierra: "Hay sobrada jurisprudencia internacional y nacional en la que se ratifica que el acceso a la información es un instrumento clave para el ejercicio de otros derechos, tales como derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, el derecho a la información permite a los ciudadanos definir ciertas circunstancias que pueden afectar su vida cotidiana y desarrollar la capacidad para tomar decisiones informadas y acciones concretas con el fin de mejorar sus condiciones de vida. De tal manera, este derecho no puede ser restringido mediante un decreto del Poder Ejecutivo, sino únicamente por una ley dictada por el Congreso, de conformidad con los estándares internacionales que rigen la materia".

Advertencia en el Congreso

El bloque "dialoguista" Encuentro Federal de la Cámara de Diputados presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que explique los alcances del decreto 780/23 que restringe el derecho al acceso a la información pública.

A través de un proyecto de resolución, y a instancias de una iniciativa de Margarita Stolbizer, la bancada que preside Miguel Pichetto expresó "preocupación" ante un hecho que considera que "desvirtúa el espíritu de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública".

En primer lugar, los diputados opositores consultaron "si el Poder Ejecutivo consultó expresamente a la Agencia de Acceso a la información Pública (AAIP) sobre la pertinencia, conveniencia y/o necesidad de instrumentar medidas que restringen el acceso a la información pública".

"En caso afirmativo, informar los fundamentos esgrimidos por la AAIP para acompañar o rechazar el Decreto 780/2024", indicaron en el escrito dirigido a la AAIP y a la Jefatura de Gabinete de Ministros.

"En caso de que la AAIP no haya sido consultada sobre los alcances del citado decreto, indique cuál es la postura de la Agencia frente al mismo", agregaron en el texto.

También solicitaron que se adjunte "copia de los dictámenes emitidos por organismos o dependencias públicas en el marco del expediente administrativo que dio origen al referido Decreto", como también que se adjunte "copia de las consultas realizadas a entidades u organismos de la sociedad civil referentes en la materia y obrantes en el expediente administrativo que dio origen al Decreto 780/2024".

"Entendemos que con esta medida el Gobierno restringe el derecho de los ciudadanos a preguntar e informarse sobre los funcionarios públicos, quienes desde el momento en que toman la decisión de ejercer cargos en los que se administran recursos del Estado deben estar sometidos al control de la sociedad", manifestaron los diputados de Encuentro Federal en un comunicado.

Según expresaron, "la reserva de información respecto del patrimonio, la agenda y los gastos de los funcionarios que plantea el Decreto 780/24 nos retrotrae a la opacidad del pasado, marcada por la corrupción y abusos de poder".

"De esta manera se debilita el funcionamiento de nuestra democracia y se genera una pérdida de confianza social en las instituciones", aseguraron.

"Desde Encuentro Federal seguiremos bregando por la transparencia en el funcionamiento del Estado, la consolidación de las instituciones públicas y la igualdad de derechos a todas las personas", concluyeron.

El pedido de informes lleva la firma de los diputados Miguel Ángel Pichetto, Margarita Stolbizer, Emilio Monzó, Mónica Fein, Ricardo López Murphy, Oscar Agost Carreño, Nicolás Massot, Esteban Paulón y Juan Brügge.

Con información de FOPEA y Noticias Argentinas