20 Febrero de 2024 - 20:09
Varios de los puntos que el Gobierno se había propuesto reformar en sus iniciales DNU 70/2023 y en la Ley Ómnibus, vuelven a proponerse a través de distintos mecanismos, y es lo que ahora dio a conocer el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien adelantó que el Gobierno evalúa declarar la educación como un servicio esencial.
Así estaba contemplado en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que fue suspendido por la Justicia, y en ese sentido Adorni planteó: “Se ha tomado la decisión de comenzar con la evaluación para declarar la educación como servicio esencial”, por lo que vale recordar que el decreto elaborado por Federico Sturzenegger contemplaba modificaciones en la ley laboral, entre la que destacaba la inclusión de la educación como “servicio esencial” con intención de limitar el derecho a huelga.
El ítem estaba señalado en el artículo 97, que establece que se considerará como “servicio esencial” a la educación de nivel inicial, primaria y secundaria, como también los servicios de cuidado de menores y la educación especial. De levarse adelante esta decisión, el Gobierno gana capacidad de restringir el derecho a la protesta.
Por otra parte, aunque sin fecha precisa, se estima que es "inminente", y además será un área que quedará a cargo de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y la intención de la administración es exigir una prestación mínima en los días de paro.
Esto ocurre cuando hay conflicto con los gremios docentes, tras la decisión del Ejecutivo de no convocar a una paritaria nacional, mientras el vocero eligió la palabra “saña” para referirse a la actitud de los sindicatos contra el Gobierno del presidente Javier Milei.
A su vez, informó que ante el fracaso de los encuentros del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, ese indicador “quedó fijado para febrero en 180 mil pesos y para marzo en 202.800 pesos”, y al ser consultado sobre las paritarias, respondió: “El salario está atado estrictamente a un tema de productividad, por el que estamos trabajando fuertemente y para eso eran piezas claves el DNU y la Ley Bases”.
“Las paritarias deben ser absolutamente libres y el Gobierno no tiene que participar de ellas”, concluyó.
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