El Gobierno investigará posible cartelización de las prepagas

Las subas de las prepagas, que han multiplicado sus tarifas a cifras astronómicas generando una catarata de juicios y demandas, han sumado un nuevo protagonista, y es nada menos que el Gobierno. Esto ocurre luego de que el propio Luis Caputo señalara que se extralimitaron con los aumentos, afirmando “las prepagas le están declarando la guerra a la clase media”.

Es que la Comisión de Defensa de la Competencia (CNDC) investiga si existió un pacto ilícito entre las empresas de medicina prepaga para fijar precios de venta, y desde la Secretaría de Comercio confirmaron que “hay una investigación en curso”, y el Gobierno saldrá en defensa de los usuarios como dijo el ministro.

Las entidades de medicina prepaga están nucleadas en varias cámaras y asociaciones, como Cimara, Ademp y Cempra, e informaron que le pedirán una audiencia a Caputo a fin de "acercarle toda la información con la que se cuenta y que explica -entre otras situaciones- el desfinanciamiento al que fue sometido el sector durante años”.

Vale recordar que las iniciativas en este sentido por el lado de la política arrancaron mucho antes que esta reacción del Gobierno, ya que el 15 de enero un grupo de legisladores de la Coalición Cívica liderado por Maximiliano Ferraro y Hernán Reyes, presentaron la denuncia por “conducta anticompetitiva” que sostiene a la investigación. 

“En enero vimos que las empresas habían tenido algunas reuniones y cuando se confirmaron los aumentos los denunciamos por cartelización y pedimos que se haga un análisis”, dijo el diputado Reyes.

Casi tres meses después esta tomó un nuevo impulso, aunque según las prepagas no han sido notificados de una instancia nueva. “En su momento se respondieron las notificaciones, pero no vamos a dar detalles de lo que presentamos”, explicaron.

La Comisión de Defensa de la Competencia es un organismo dentro de la Secretaría de Comercio cuya función es garantizar “la calidad de bienes y servicios, al menor precio posible”. De hecho, es la dependencia que lleva adelante la investigación originada por la denuncia que acusa de supuesta “conducta anticompetitiva” a “las principales sociedades” que brindan el servicio de medicina prepaga.

Señala que presuntamente habrían existido “reuniones para la coordinación de la fijación de un aumento a los usuarios, que se habría acordado un incremento estimado en torno al 40%”. Se trata de la primera investigación formal contra la salud prepaga por presunta colusión, sumándose a los reveses contra las empresas desde la Justicia, cuando distintos jueces aceptaron medidas cautelares de los afiliados para retrotraer los precios a la situación anterior a los aumentos.

A fines de febrero pasado, el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N° 2 dispuso ampliar, en principio para un centenar de personas, el alcance de una medida cautelar dictada a mediados de enero, a través de la cual se le ordenó a una entidad de medicina prepaga dejar sin efecto los aumentos de cuotas aplicados o anunciados bajo el amparo de lo establecido por el DNU 70. 

Manuel Adorni, vocero de Javier Milei, señaló que existe “una cartelización que está fuera de toda razonabilidad”. Y advirtió: “Nosotros desregulamos, damos libertades, pero no permitimos que exista un grado de cartelización que afecte a los argentinos”.