El Gobierno derogará el decreto que permitió la corrupción con los seguros

Tras el escándalo de corrupción que se investiga por el polémico decreto del kirchnerismo que obligaba a contratar entre dependencias del Estado pero con actuación como intermediarios de privados, que costó al erario público miles de millones, se informó que el Gobierno lo derogará. La norma, DNU 823/21, obliga a los ministerios y organismos del Estado a la contratación de pólizas con Nación Seguros, y permitió que se armara un enorme esquema de corrupción con el pago de comisiones a intermediarios con relaciones con el expresidente Alberto Fernández y también con otros políticos de su gobierno.

 

 

De acuerdo a la publicación de Clarin es el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien trabaja con sus funcionarios para la derogación de ese decreto, que sigue vigente a pesar de que la Justicia avanzó sobre el ex presidente Alberto Fernández en una causa judicial. El 11 de abril, cuando todavía Posse estaba a cargo de la Jefatura de Gabinete, se dictó una resolución que prohíbe la incorporación de "brokers" con los seguros de los organismos públicos, pero no se derogó el decreto, porque podría perjudicar los convenios en curso y que no "era necesario" para evitar eventuales irregularidades.

Pero no es el único terreno donde se avanzará: El ministro Federico Sturzennegger incluyó otras derogaciones de decretos que favorecen a empresas del Estado en las compras de la administración pública nacional, como la obligación de que la administración pública nacional pague los salarios de sus empleados a través de cajas de ahorro del Banco Nación, el 1189 de ese mismo año que obligó a que el Estado Nacional compre para todos sus automóviles, camionetas, camiones, aviones y barcos, combustible de la petrolera YPF.

Otro Decreto, el 1191/2012, determina que todas las reparticiones nacionales compren sus pasajes de cabotaje y también sus vuelos al exterior a Aerolíneas Argentinas, y también entra en el menú de desregulaciones.

La idea es que todos estos contratos, compras y pagos deberán hacerse a partir de ahora a partir de licitaciones públicas, en las que podrá competir cualquier oferente y tendrán la transparencia que permite el mecanismo.