El Gobierno apura la Ley de Financiamiento Universitario para marzo con un esquema de ajuste por inflación

El Poder Ejecutivo Nacional busca mantener la iniciativa política en el Congreso. Con el impulso de la reciente aprobación de la reforma laboral, el equipo de Javier Milei apunta ahora a sancionar, en la primera semana de marzo, una nueva Ley de Financiamiento Universitario que reemplace el texto que generó fuertes cruces con la oposición el año pasado.

 

Los ejes 

 

 

El texto, elaborado conjuntamente por la Secretaría Legal y Técnica y la Subsecretaría de Políticas Universitarias, propone un esquema de actualización basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El objetivo es que los gastos de funcionamiento (actividades 14, 15 y 16 del Programa 26) se ajusten automáticamente siempre que la inflación supere el 14,3%, valor estipulado en el Presupuesto 2026.

Además, el proyecto contempla:

• Salud Universitaria: Una inyección de $80.072.460.000 específicamente destinada a los hospitales escuela.
• Pauta Salarial: Una recomposición del 12,3% total para 2026, pagadera en tres cuotas del 4,1% (marzo, julio y septiembre) sobre los básicos de diciembre 2025.
• Negociación Colectiva: La obligatoriedad de convocar a paritarias cada tres meses una vez sancionada la ley.

 

Optimismo en Balcarce 50

 

Desde el entorno presidencial confían en que el apoyo de los bloques aliados permitirá una sanción rápida tras el periodo de extraordinarias. Según fuentes oficiales, esta ley es el paso previo necesario antes de discutir otras reformas, como la tributaria, mientras que la reforma previsional ha quedado postergada hasta que el mercado laboral muestre signos de mayor formalización.

Sin embargo, el clima en las universidades es de tensión. Pablo Perazzi, secretario general de Feduba, calificó la propuesta como una "consolidación del ajuste" y advirtió que el sector no aceptará la pérdida del poder adquisitivo. Los gremios ya han comenzado a diseñar un plan de lucha que incluirá paros para el inicio del ciclo lectivo, fundamentando su reclamo en los fallos judiciales que exigen el cumplimiento de la ley de financiamiento original.