El avión retenido en Ezeiza tenía una sanción del gobierno de EEUU

La aerolínea estatal venezolana, a la que pertenece el avión inmovilizado en el aeropuerto de Ezeiza, cuenta con una sanción del gobierno de Estados Unidos desde febrero de 2020. 

Si bien la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que depende del Departamento del Tesoro, emitió una alerta y publicó un listado con 40 aviones, la aeronave, que llegó el pasado lunes a Buenos Aires, y que pertenece a EMTRASUR, una filial de CONVIASA (Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos), no figuraba en ese registro porque se sumó a la flota en febrero de este año como parte de un plan de la aerolínea para expandir sus operaciones de carga y correo.

Lo real es que dicha sanción no le impide a la aerolínea expandir sus rutas. Incluso a fines del año pasado, Conviasa anunció el regreso de rutas con destino a Chile, Perú y Madrid. Dicha flota cuenta con 20 aviones Embraer E190, para 104 pasajeros cada uno, y dos aviones Airbus A340, con capacidad para 300 pasajeros.

Antes, la aeronave pertenecía a la empresa iraní Mahan Air, también sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Por ese motivo, varias agencias internacionales siguen cada uno de sus movimientos.

El 13 de mayo pasado, el avión salió desde Venezuela y aterrizó en el aeropuerto Guaraní, en la ciudad de Minga Guazú, a solo 13 kilómetros de Ciudad del Este. Al igual que en el vuelo que llegó a Ezeiza, la tripulación estaba integrada por venezolanos e iraníes. Según el manifiesto del vuelo, publicado por medios paraguayos, fueron 7 iraníes y 11 venezolanos.

Desde Paraguay, el avión voló hasta Aruba, en el Caribe, para transportar una carga de cigarrillos valuada en casi USD 755 mil. 

De los 7 iraníes que llegaron a Paraguay, dos coinciden con los tripulantes del vuelo a Ezeiza: Gholamreza Ghasemi y Abdolbaset Mohammadi.

La sanción de la OFAC a CONVIASA no es la única alerta que llegó desde Estados Unidos. El Gobierno de Paraguay dijo que había avisado sobre el avión luego del vuelo del 13 de mayo. Y en los últimos días, las autoridades argentinas recibieron alertas de inteligencias por canales no oficiales.

Mientras tanto, la fiscal Cecilia Incardona inició una investigación que tiene en la mira la actuación de las autoridades argentinas. También se investigan los antecedentes del avión y de sus tripulantes. La causa está bajo secreto de sumario para resguardar todas las medidas de prueba, algunas de ellas pedidas por la DAIA.

Por su parte, el juez federal Federico Villena le ordenó a la Dirección de Migraciones que retenga el pasaporte de los cinco iraníes por otras 72 horas.