¿Se queda sin cátedra?
La denuncia de violencia de género presentada contra el expresidente de la Nación, Alberto Fernández, por Fabiola Yañez causó un gran impacto en la Universidad de Buenos Aires (UBA), especialmente en la Facultad de Derecho, donde Fernández ha sido docente desde 1987. La denuncia tomó por sorpresa a las autoridades académicas.
Protocolo de la UBA para casos de violencia de género
La UBA tiene un protocolo específico para abordar las situaciones de acoso, violencia sexual y discriminación basada en género, orientación sexual, identidad y expresión de género. Este se activa cuando la denuncia se presenta dentro del ámbito académico.
Cada facultad dispone de una unidad de género para asistir a quien denuncia. Sin embargo, esta es la primera denuncia de violencia de género contra un docente de la Facultad de Derecho de la UBA que ha llegado a la Justicia.
Situación actual de Alberto Fernández en la Facultad de Derecho
El expresidente, quien se desempeña como adjunto interino de la materia Teoría General del Delito en el Departamento de Derecho Penal, no tiene una designación vigente para el próximo cuatrimestre. Desde la facultad explicaron al diario Clarín que esta situación se debe a que su curso no alcanzó el mínimo requerido de alumnos inscriptos. Es decir, que la suspensión de su actividad docente no está relacionada con la denuncia.
Postura oficial de la Facultad de Derecho
La Facultad de Derecho ha manifestado su compromiso con la protección de la comunidad académica y el acompañamiento de lo que resuelva la Justicia. Por ese motivo, no se descarta que se active el protocolo de prevención para evitar el contacto del docente denunciado con el resto de la comunidad académica.
Este caso trae a la memoria lo sucedido con el periodista Pedro Brieger, quien fue denunciado por alrededor de 20 mujeres por acoso sexual. En esa oportunidad, la UBA intervino y la designación interina de Brieger, como docente en la Facultad de Ciencias Sociales, no fue renovada. Las designaciones interinas, como la de Fernández, son excepcionales y suelen aplicarse a profesores mayores de 65 años que están en edad de jubilarse.