Por Martín Gastañaga
2 Diciembre de 2019 - 07:15
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Apenas 10 días faltan para el traspaso del poder.
Ríos de tinta corren cada día sobre futuros gabinetes, probables cargos, supuestos programas y gestos políticos que, en definitiva, marcan la ausencia de un plan, un programa de gobierno, un esquema económico sólido y de largo plazo para sacar a la Argentina de una parálisis económica que lleva 9 años, acompañada de una inflación que no da respiro.
Se habló de un plan verano. Un shock que, con base en la reactivación del consumo, movilizara la economía.
Es que sigue subyugando a muchos sectores aquella idea sesentista de vivir con los nuestro, como si pudiera ser exitoso el aislamiento en un mundo que camina hacia otros lados, multipolar, de negociaciones en bloque y paciencia oriental para llevar adelante acuerdos y tratados.
Ahora se habla de un plan para sistematizar la “economía popular”, con fondos millonarios.
Una idea que fue propuesta por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, acercada por Agustín Salvia en persona a las oficinas del albertismo.
Atar cabos es simple: Universidad Católica, Iglesia, Papa, economía popular, CTEP, Juan Grabois, Papa.
Serían 1.200 millones de dólares anuales, con el peligro de –si no hay transparencia y ejecución democrática- fortalecer a otra corporación amiga pero que alimenta las aguas del cauce cristinista.
Pero si el plan A (de Alberto) no parece muy claro ni consistente (más bien brilla por su ausencia entre tanto misterio), el que marcha sobre rieles es el plan C (de Cristina).
La ex mandataria ha trabajado sin pausa, entre sus viajes a Cuba y su silencio aparente, construyendo una trama de poder que le garantiza, en los papeles (sabemos por experiencia que las voluntades son volubles y las adhesiones más fieles solo temporales, máxime cuando hay suculentas cajas a administrar de por medio) un manejo férreo de muy importantes parcelas de poder.
Hábilmente, parece haber diseñado un Congreso a medida, con manejo de todos los resortes, mayorías adeptas y hasta quórum propio en el Senado.
Si Alberto dijo en sus primeras definiciones que iba a gobernar con todos los gobernadores, en el gobierno más federal del que se tenga memoria, el plan C colocó en el Ministerio del Interior, lugar clave para la relación con las provincias, al camporista Wado De Pedro.
La ejecución de ese federalismo, entonces, estará mediada indudablemente por el plan C. Dicen que muchos gobernadores ya están que trinan.
Salud, una de las carteras de más presupuesto, que aparentemente caería en un adláter del tucumano Manzur, el gobernador más cercano a Alberto en ese armado federal que aparecía como la piedra de toque, termina también en un cristinista como Ginés González García, con el consecuente dolor de cabeza para el plan A.
Se dice que su “bolilla negra” ha salido repetidamente, bloqueando nombres y sectores, sobre todo para las filas de Sergio Massa, quien no encuentra espacios ni correspondencias adecuadas a su apoyo, excepto por Marco Lavagna, tal vez, al INDEC y el ubicuo Felipe Solá, que al fin y al cabo no se sabe en qué plan entra.
En Economía, el ministerio por excelencia para lo que viene, la danza de nombres sigue, pero de los iniciales no va quedando ninguno, con el veto de la ex para Nielsen y Lavagna, que no son tropa propia.
Alberto, aunque parezca mentira, va pagando el precio por estas indefiniciones y luchas intestinas.
Históricamente, las imágenes de los presidentes electos han dado un salto muy importante luego de ganar, un fenómeno con explicaciones sociológicas concretas.
Sin embargo, es el que menos crecimiento histórico exhibe desde el regreso de la democracia, y es un detalle a tener en cuenta.
Muchos anticipan una interna sorda en lo que viene. Otros dicen que las trompetas del combate ya sonaron.
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