Debate ambiental
La Cámara de Diputados abre este miércoles, desde las 10, la primera audiencia pública federal para tratar la reforma de la Ley de Glaciares. El plenario de comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, presidido por el oficialismo, ratificó un esquema mixto que despertó el rechazo inmediato de la oposición y organizaciones ambientales. La principal controversia radica en que, de un universo de más de 100 mil inscriptos, solo 400 personas podrán exponer de manera presencial o remota.
Restricciones y tensión en el Congreso
La Libertad Avanza diseñó un sistema donde el resto de los interesados deberá enviar sus opiniones mediante escritos o videos, un formato que los sectores críticos consideran que rompe con el procedimiento constitucional de una audiencia pública. Organizaciones como Greenpeace y la Asociación de Abogados Ambientalistas presentaron medidas cautelares exigiendo que se garantice la oralidad de todos los inscriptos, denunciando que la limitación de cinco minutos por expositor y la restricción de asesores licua el debate democrático.
Mientras tanto, la zona del Congreso permanece bajo un fuerte operativo de seguridad. Se implementaron cortes totales de tránsito en arterias clave como Entre Ríos, Callao y Rivadavia, previendo una jornada de alta conflictividad. A pesar de los pedidos de Unión por la Patria y la izquierda para extender las jornadas de debate, el oficialismo mantuvo el cronograma estricto para este 25 y 26 de marzo. El clima de tensión se trasladará a las calles por la tarde, con una movilización masiva de asambleas ambientales que rechazan la flexibilización de la protección de los recursos hídricos estratégicos del país.