Baratta ofreció pagar en una causa del Ministerio de Planificación
Es en una causa por el presunto perjuicio por la caja chica del Ministerio de Planificación en tiempos de Julio De Vido, y el dinero sería destinado al Ministerio de Economía o al hospital Garrahan. Resolverá la Cámara de Casación.
Por Redacción
El ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación kirchnerista, Roberto Baratta, se hizo famoso en la causa llamada Cuadernos, que tenía que ver con la circulación de bolsos repletos de dinero que llegaba a funcionarios kirchneristas, y fueron denunciados luego de una investigación de Diego Cabot en La Nación. Junto con otros ex funcionarios está imputado en una causa por presunto manejo irregular de la “caja chica” del ministerio, y la novedad es que ofrecieron pagar el presunto perjuicio contra las arcas públicas para cerrar el expediente, que está en la etapa previa al juicio oral.
El Tribunal Oral Federal 3 rechazó el planteo, pero elevó la causa a la Cámara Federal de Casación, que será la que adoptará la decisión final en este juicio que tiene acusados a Baratta y Luis Vitullo, ex director general de Administración de Planificación, procesados en el año 2017 por el juez Sebastián Casanello por el presunto delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
La causa se inició por una denuncia de la Oficina Anticorrupción (OA) durante la gestión de Laura Alonso, en el gobierno de Mauricio Macri, sobre la base de un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), y la denuncia indicaba que durante una auditoría se hallaron presupuestos sospechados de falsedad, facturas antedatadas, sobreprecios y compras injustificadas, todo en el segundo semestre de 2015, previo al cambio de gobierno.
Baratta y Vitullo fueron considerados coautores del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, mientras que los ex funcionarios Marcos Sebastián Cugliati, Mariano Armando Zuqui, Nicolás Constantino Michudis, Alberto Daniel García y Carlos José Fernández Bravo están imputados como “partícipes necesarios”, constando en el auto de elevación a juicio “la existencia de presupuestos apócrifos, sobreprecios, irregularidades en cuanto a la cronología de lo actuado, como así también gastos sin la justificación pertinente, violando los deberes a su cargo y perjudicando de ese modo el patrimonio del Estado Nacional”.
En setiembre de 2023 los imputados manifestaron al tribunal su voluntad de “reparar integralmente el daño”, abonando para ello las sumas de dinero por las que habían sido embargados, que van desde los 400 mil pesos hasta los tres millones en favor del Ministerio de Economía y, “para el caso de que ese organismo no la acepte, sea donada al Hospital Garrahan”.
El tribunal de primera instancia rechazó esa posibilidad, rechazo que fue apelado, y ante esta resolvió conceder el recurso para que resuelva la Casación, el principal tribunal penal del país.