Amado Boudou deberá devolver $236 millones por su jubilación de privilegio anulada

En medio de un panorama político sacudido por el fallo definitivo contra Cristina Fernández de Kirchner, el Gobierno nacional avanza con una nueva ofensiva judicial. Esta vez, el blanco es Amado Boudou, exvicepresidente de la Nación, a quien se le exige la devolución de $236 millones percibidos por su jubilación de privilegio, anulada tras su condena por corrupción.

La medida fue impulsada por el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, en conjunto con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Ambas dependencias presentaron un comunicado oficial que detalla el inicio de acciones legales para recuperar los fondos que, según indican, fueron "cobrados de manera indebida".

"Se ha iniciado una demanda para recuperar los montos cobrados de manera indebida por Amado Boudou durante el tiempo en que fue beneficiario de la jubilación especial", expresa el comunicado conjunto que dio a conocer el Gobierno.

Jubilación anulada por corrupción y revés judicial

El beneficio había sido otorgado en su calidad de exvicepresidente, pero fue anulado al ser declarado culpable de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, delitos por los que fue condenado en el marco del caso Ciccone Calcográfica, en 2018.

En noviembre del año pasado, el titular de ANSES, Mariano de los Heros, firmó la resolución que formalizó la cancelación del beneficio. A pesar de los intentos de Boudou por revertir esta decisión, la Justicia Federal desestimó este miércoles un pedido de medida cautelar que había sido presentado por su defensa para frenar el accionar de la ANSES.

Con esta resolución, se mantiene firme la decisión de anular la pensión vitalicia y se refuerza la intención del Estado de recuperar el total de $236 millones ya abonados.

Un escenario cada vez más adverso para el kirchnerismo

Este nuevo revés judicial para Boudou se produce en un contexto crítico para el kirchnerismo, golpeado duramente por la reciente ratificación de la condena a Cristina Kirchner. El avance de estos procesos judiciales marca una ofensiva clara del Gobierno nacional contra exfuncionarios que fueron símbolo de esa gestión.