Perú: puja sin fin entre los poderes del Estado

Una vez más, es destituido un Ejecutivo de la República del Perú en el marco de una puja por el control del Estado, que parece no tener fin y que mantiene sumida a la nación del Pacífico sur en un vilo de incertidumbre con respecto a la salud institucional del país, sumado a un ánimo social de hartazgo, desaprobación y frustración ante una clase política que parece indiferente al clamor de sus ciudadanos.

La mano de hierro de Fujimori

Tras el denominado “autogolpe” que llevara adelante el ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), con la consecuente disolución del congreso en 1992, los estamentos de la división tripartita de poderes junto a sus intérpretes, prosiguieron con su coexistencia en correspondencia a un “statu quo” que es parte de la naturaleza misma de los sistemas democráticos occidentales, o sea, la cooperación entre los 3 pilares constitutivos de un Estado (ejecutivo, legislativo, judicial).

Sin embargo, el temor y las sospechas empezaron a fragmentar, de forma sutil pero creciente, la convivencia y el equilibrio de fuerzas, tanto presidencial como deliberativa. Lo que en sintonía con un actor jurídico oscilante de acuerdo a los intereses, coacciones y propia conveniencia terminó generando una consecución de gobiernos sin verdadera institucionalidad de poderes.

Es así que tras la férrea conducción de Fujimori y su látigo opresivo llamado Vladimiro Montesinos, donde se mantuvo con la “bota en el cuello” a legisladores y jueces, el Congreso nunca olvidó esa década de yugo sobre su voluntad. En complicidad en muchas ocasiones con el órgano judicial, se antepuso “el hemiciclo” como meta, ser el custodio y respuesta de contención ante cualquier nuevo intento de abuso por parte del palacio presidencial.

Poder que desfigura a sus garantes

Creo que muchos hechos de la historia política sudamericana son testimoniales al dejar en evidencia a lo que en su momento se impuso por una “acción auténtica”, después de un tiempo pierde su punto de equilibrio y se desfigura en la práctica de conservar los elementos que garanticen el manejo del poder en la cuestión pública, o sea, del aparato estadual. Esta acción cíclica envilece no solo la esencia de la institución sino de quienes la ejercen: los legisladores.

La conducta antedicha, más la contribución de personalidades que condimentaron esta desfragmentación en la convivencia de poderes, a través de una conducción mediocre mientras pululaban en la Casa de Pizarro, provocó la sorprendente estadística de 8 presidentes, si contamos el presente interinato de Dina Boluarte, desde 2011.

Nueva alianza institucional

Perú necesita reformular y reescribir la alianza de sus instituciones. La demanda de la sociedad será clave para lograr esto, dotando a la constitución con herramientas de ley y proceder realmente inexpugnables. Se debe llamar a un profundo diálogo entre todos los sectores de la ciudadanía y es menester modificar los privilegios y elitismos de una clase política que se ocupa de un juego de roles mezquinos en la vereda de los problemas diarios de cada habitante de la nación limeña.