La salud, un derecho cada vez más lejano

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se sostiene que todas las personas tienen derecho a la salud y el bienestar sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, orientación sexual, identidad de género o cualquier otra condición.

Pero el enunciado precedente sería lo ideal si realmente se aplicara, porque según un informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) que analiza la evolución de la pobreza por ingresos, multidimensional, las carencias no monetarias y la situación social en los distintos estratos socioeconómicos de la Argentina, en el segundo semestre de 2022 se reavivó una tendencia preocupante en la última década en varias dimensiones, incluida precisamente la salud.

Es que además del dato puntual del nivel de pobreza en el período, que según el INDEC ascendió al 39,2% del total de la población, en el estudio se destaca que desde 2010 empeoró el acceso a la salud, dado que el Estado atinó a tomar medidas asistenciales que no están dando resultado y se desconoce si lo darán en el futuro.

El equipo que dirige Agustín Salvia concluyó que en el período en estudio se registra una evolución desfavorable, particularmente en los últimos años, en el acceso a la alimentación, a la salud y al empleo, una situación asociada a la crisis, que se agravó todavía más con la aparición de la pandemia de coronavirus en 2020 y la imposición de la cuarentena.

Ahora bien, siempre se ha considerado que los sectores más desprotegidos son los que sufren esta declinación al no tener acceso a una prestación de salud de calidad, no solo porque generalmente no tienen los medios para llegar con presteza a los centros de atención médica, sino también porque la falta de educación atenta para llegar a entender las consecuencias de no consultar a tiempo con un médico.

En ese sentido, a nadie escapa que los indigentes ostentan un mayor estado de salud deficitario que los pobres y no pobres. En tanto que uno de cada diez de los individuos sin carencias remite tener déficit en la salud, es visible está situación en casi el doble entre los que tienen tres o más derechos vulnerados.

Pero este estado de situación comenzó a transformarse para peor y ya no es tan así. La tradicional clase media –que se supone cuenta con una mejor educación y más información para entender las consecuencias de la falta de atención médica- comenzó a declinar y va transformándose en lo que el periodista Vicente Muleiro denomina “la clase un cuarto”, también está sufriendo las consecuencias. Ni baja ni media, esta clase se ubica entre ambas y siente la cercanía de la pobreza como un descenso al infierno. Nadie se reconoce en ella, aunque hoy abarque a la mayoría, dice Muleiro, autor de un libro en el que trata este fenómeno.

Esa franja ya está dejando de contar con una prepaga debido a la imposibilidad de afrontar una cuota elevada y ahora recurre a la atención en salas o en hospitales públicos, en los que por más buena voluntad que pongan los profesionales que atienden en ellos, la cantidad de pacientes que se suman cada día es tal, que provoca verdaderos cuellos de botella con el consiguiente malestar, tanto de quienes atienden como de los que pretenden ser atendidos.

Esto, sin tener en cuenta los plazos de los turnos que todos –indigentes, pobres y nuevos pobres- deben soportar para acceder a la atención de especialistas, que en un principio sufrían los jubilados, pero ahora ya es una realidad casi generalizada.

La cuestión se agudiza cuando se agrega el aumento de embarazos juveniles o las consecuencias del consumo de drogas y bebidas alcohólicas, tanto como los hechos diarios de inseguridad que provocan heridos que, irremediablemente, deben ser atendidos generalmente en hospitales públicos.

Todo esto, sin tener en cuenta la necesidad de actualizar las prestaciones básicas a favor de las personas con discapacidad o la falta de una nueva ley de salud mental, muchas veces remanida pero nunca acordada.

Y aquí se pone en duda si realmente existe el equilibrio necesario entre el derecho a la salud y la sustentabilidad del sistema, tanto público como privado. Porque con una de las tasas de inflación más altas del mundo, solo superada por Venezuela, Zimbabue y Líbano, la atención médica en nuestro país mantiene su tendencia declinante y entonces no hay por qué sorprenderse de la situación.

Las mejoras en este sentido deben ser reales y sin especulaciones políticas, no como los anuncios de inauguración de nuevos centros de atención que en muchos casos no pasan de ser una artimaña, ya que después no son dotados ni de los aparatos y elementos necesarios ni de profesionales para la atención. Elefantes blancos que son utilizados sin escrúpulos a través de su inauguración ficticia con bombos y platillos solo para atraer votos.

Por lo tanto, es necesario instrumentar en forma urgente soluciones concretas para mitigar la angustia de los pacientes sin poner en riesgo la supervivencia sostenible de la red de prestaciones sanitarias.