La república de las mentiras

Tal vez algunos recuerden un discurso de Cristina Fernández de Kirchner cuando, criticando al gobierno de Cambiemos y por su intermedio al sector del Poder Judicial que no le es adicto y la acusa de numerosos delitos, decía que la división de poderes es una antigualla monárquica surgida de la Revolución Francesa en el siglo XVIII. Daba a entender que los verdaderos tiempos modernos se expresan en el sueño de Hugo Chávez llamado “socialismo del siglo XXI”.

La frase de esa alocución fue una incalificable falta de respeto de una dirigente política para con el pueblo, que, sea del modo que sea, ha heredado desde los tiempos de la buena educación pública la sólida idea de que el sistema republicano implica la idea de respeto a las instituciones y a que los tres poderes del Estado se controlan entre sí.

Siempre pensamos que con esos principios básicos estaba asegurada la felicidad de los argentinos.

Pero como está visto, hay quienes consideran a la vigencia de las instituciones como una coquetería de la gente acomodada que no tiene que preocuparse por llevar el pan a la mesa todo el mes.

Esto último es esencial para que una sociedad que se respete a sí misma pueda ser viable, pero no implica admitir que vale todo para que sea posible.

La tan mentada grieta que parte en dos a los argentinos tal vez sea más profunda y peligrosa que la animadversión mutua de peronistas y no peronistas.

Desde décadas la división se asienta sobre si lo más importante es vivir en libertad con todos los derechos, no solamente garantizados, sino realmente concretados, o visto desde el otro costado, los derechos de las mayorías postergadas solo se aseguran coartando los del resto de las personas.

Esas mayorías postergadas injustamente por un capitalismo enfermo, pero aún vigente y muy difícil de transformar en estas épocas, están siendo utilizadas y cooptadas por proyectos claramente antidemocráticos, ahora calificados con los eufemismos de demagogia o populismo.

Los excesos de este sistema de prebendas con un costado oscuro de corrupción de la dirigencia, han provocado la extrema reacción contraria generando un resurgimiento de una peligrosa derechización que también pone en peligro la democracia.

Este crítico entorno político es el que rodea lo que se prevé que vaya a ocurrir este martes 6 de diciembre en la Argentina con el veredicto del tribunal que juzga a la vicepresidenta y a otras personas en la causa conocida como Obra Pública.

Elogiados por un amplio sector del mundo judicial y político, los fiscales Luciani y Mola aparecen para los posibles condenados como agentes del más recalcitrante imperialismo aliado a la oligarquía, a los medios hegemónicos y hasta al vetusto partido militar.

Cristina Fernández y sus seguidores han anticipado la posible comisión del delito de desacato a un fallo judicial anunciando que lo resistirán en las calles con verdaderos actos de insurgencia.

La presidenta provisional del Senado no se ha ocupado de desactivar públicamente las amenazas y por el contrario, las impulsó autoproclamándose como la perseguida política que están a punto de fusilar.

Además, les hace creer que le quieren impedir presentarse como candidata.

Lo grave es que muchos de sus fanáticos seguidores lo creen en verdad y pueden elegir el camino de la violencia justificada “para defender a la líder”.

A un plano muy postergado ha ido a parar el concepto de que lo que dicen los jueces hay que respetarlo y que existen vías de apelación cualquiera sea el resultado del juicio.

Muchos dirán que la Justicia argentina no es confiable, tampoco lo son mucho más los otros dos poderes, pero eso es por la ineptitud y mediocridad de sus integrantes.

El remedio no será de ningún modo la violencia y el desconocimiento de las normas de convivencia.

El martes 6 puede ser un día muy grave para al país si se concretan las amenazas. A partir de allí puede empezar o no un camino de reflexión o pueden empeorar las cosas en esta atribulada Argentina.