Vaca Muerta: un acuerdo entre Neuquén y mapuches amenaza las inversiones

El gobernador de la provincia de Neuquén les propuso a caciques y lìderes de grupos autoproclamados como mapuches la participación en Vaca Muerta. En el polémico acuerdo, rechazado tanto por el peronismo como por el radicalismo, se les da a los referentes de esas comunidades la capacidad de vetar el proyecto, además de la posibilidad de intervenir libremente. Dicho documento lleva el nombre de "Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada" (CLPI).

De esta manera, el escrito les permite a los líderes de esas comunidades exigir beneficios, dinero u otras acciones en el caso de que, por ejemplo, la obra avance por un terreno que pueda considerarse como propio por "tenencia ancestral". Pero hay un detalle polémico: ni los especialistas ni los técnicos que trazaron la obra detectaron ningún derecho de propiedad afectado, y los gobiernos de la provincia y de la Nación no reconocen como dueños a nadie de estas comunidades.

Es por este último punto que la intención de Omar Gutiérrez, gobernador neuquino, generó numerosos rechazos desde la oposición. Miguel Ángel Pichetto, titular de Peronismo Republicano, aseguró que el mandatario "puso al Estado Argentino de rodillas ante estos grupos extorsivos", en referencia a las comunidades mapuches. Pablo Cervi, diputado nacional neuquino por la UCR, remarcó que "hay riesgo de que el protocolo comprometa tanto la construción del gasoducto Néstor Kirchner como el desarrollo de Vaca Muerta".

El protocolo que presentó Gutiérrez establece pasos administrativos que Neuquén estará obligado a cumplir. Les permite a las comunidades o referentes de los mapuches plantear reclamos que podrían complicar la marcha de las obras, al generar procesos que demandarán al menos 60 días.

Esos trámites incluyen convocatorias, reuniones, informes, audiencias y actuaciones. El gobierno de Gutiérrez justificó la medida con “el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia del Neuquén, normativas que establecen la consulta a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.