Estafa millonaria: procesaron a cuatro funcionarios de PAMI
Se trata de empleados de la obra social y farmacéuticos, acusados de defraudar al organismo con insulina y tiras reactivas por sumas millonarias
Por Redacción
El juez federal Sebastián Casanello procesó a 11 personas, entre ellos 4 funcionarios, por una estafa millonaria al PAMI. A través de dos investigaciones, se determinó que facturaban por medicamentos como insulina o tiras reactivas, para personas diabéticas.
Los casos se iniciaron por las denuncias que hizo el ex titular del organismo en la gestión de Macri, Carlos Ragazzoni, en 2016. En su momento, aseguró que habían 22 causas penales por situaciones producidas durante la gestión kirchnerista y que algunos empleados tenían "vínculos políticos".
Ahora, el juez no solo procesó a los acusados, sino que también dictó embargos e inhibiciones de bienes que van desde un millón a 650 millones de pesos, con el fin de recuperar lo robado al Estado si finalmente son condenados.
Las causas recayeron sobre 6 titulares de farmacias por haber facturado más de 3 mil recetas ante la obra social con datos falsos. Además, fueron procesados los funcionarios de PAMI Ana Villalba, Mariel Mina, Matías Pugliese y Mariana Banegas.
La carátula es por el delito de defraudación contra la administración pública en concurso ideal con el abuso de autoridad, según indicaron fuentes judiciales a Clarín. A esta se suma la de falsificación de documentos para los farmacéuticos.
De acuerdo con Casanello, las pruebas son suficientes "para que el caso avance". También aclaró que no existe evidencia de que terceras personas hayan utilizado los usuarios de los empleados acusados.
De acuerdo con la investigación, la operación consistía en insertar datos falsos de terceros en el sistema, firmas o sellos de médicos y adjuntar troqueles falsos de insulina o tiras reactivas en recetas de la obra social, lo que les permitió obtener una suma millonaria ilegítima.
A los funcionarios del PAMI también se les imputa el hecho de haber dado de alta a personas que en realidad no eran diabéticas y que, además, vivían en zonas alejadas de las oficinas donde se afiliaron y de las farmacias donde supuestamente retiraban la medicación.
En la causa interviene el titular de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos cometidos en el ámbito de PAMI, Javier Arzubi Calvo.