Comenzaron los alegatos contra CFK por la obra pública en Santa Cruz

El fiscal federal Diego Luciani inició este lunes su alegato en el juicio oral y público por la obra pública de la provincia de Santa Cruz, en el que aparece Cristina Kirchner como principal imputada. Esto se da después de que la Oficina Anticorrupción se retirara del juicio, y que la Unidad de Información Financiera pidiera la absolución de la ex presidenta. 

Luciani expresa, en un video dado a conocer, que "este ministerio Público Fiscal tiene acreditado que entre los años 2003 y 2015 funcionó, en el seno del Estado, una asociación ilícita de características singulares. Se trató de una organización que en con una figura de espejo replicó en la clandestinidad un organigrama del Estado. Se trató de una asociación ilícita piramidal, que tuvo en su cúspide a quienes fueron jefes de estado, y de la que participaron diversos funcionarios públicos que, en paralelo al plano legal pero valiéndose de sus competencias, prestaron los aportes necesarios".

Este alegato del lunes es el primero de una serie que se extenderá durante nueve jornadas. En los últimos días, Luciani se manejó con absoluta discreción: solo él y su grupo de trabajo conocen los detalles de lo que será la exposición que tiene, además del propio Luciani, a Sergio Mola, fiscal federal de Lomas de Zamora. Mola fue expresamente designado para este juicio.

"Al asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación, y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente, y tristemente, se hayan desarrollado en el país. Y cuando digo extraordinarias no es que considere que existe una corrupción ordinaria. Lo extraordinaria radica en las características especiales de la asociación", enfatizaba el fiscal en una parte de su primer alegato.

El pedido de condena para funcionarios viene acompañado, siempre, de la inhabilitación (en algunos casos perpetua) para ejercer cargos públicos. Ante esto, desde el kirchnerismo salieron a enfrentar a la Justicia alegando que "lo único que se busca es que Cristina no se presente a elecciones para el año próximo". Pero para que esto ocurra debería quedar firme una eventual condena, lo que implica la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal, y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El juicio, cuya etiqueta de acusación es "delito de asociación ilícita y defraudación a la administración pública", se centra en las presuntas irregularidades de las 51 obras públicas que las empresas de Lázaro Báez recibieron para la provincia de Santa Cruz. Entre ellas figuran sobreprecios, falta de capacidad técnica para hacerlas, licitaciones "truchas" y el pago de la mayoría de esas obras cuando ni siquiera habían sido comenzadas. 

Además de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, en la lista de acusados figuran:

-Julio De Vido (ex ministro de Planificación Federal)
-José López (ex secretario de Obras Públicas)
-Abel Fatala (subsecretario de Obras Públicas)
-Carlos Kirchner (primo del ex presidente, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal)
-Nelson Periotti (ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad)
-Raúl Daruich y Mauricio Collareda (ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad) 
-Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez (ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz)

La UIF solo pidió condena para los funcionarios de vialidad de Santa Cruz por considerar que incumplieron sus funciones porque informaron que las obras en la provincia estaban terminadas cuando en rigor no fue así. El organismo solicitó un año de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación para Daruich, Collareda, Garro, Villafañe, Pavesi y Santibañez. Pero advirtió que el delito podría estar prescripto y dejó en el tribunal esa decisión.