Con la visita del presidente chileno Gabriel Boric a la Argentina, se puso en agenda un tema de índole política que había quedado olvidado. Según expuso Alberto Fernández, su par le planteó extraditar a Galvarino Apablaza (71), exguerrillero acusado en su país de ser el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán, ocurrido en 1991, y el secuestro de Cristian Edwards, hijo del entonces dueño del diario El Mercurio, Agustín Edwards.
Apablaza es uno de los fundadores del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y llegó a ser el líder de dicha organización desde 1988 hasta el 2001. En condición de refugiado político, se asentó en la Argentina durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, lo cual se revocó en la administración de Mauricio Macri.
Exilio en Argentina
El dirigente es acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards y, a pedido de la Justicia chilena, se extendió una orden de captura de la Interpol en su contra, en junio de 2004.
No se habían vuelto a tener noticias concretas de él hasta el 29 de noviembre del 2004, cuando, en un operativo especial de la policía argentina, fue apresado en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires, donde residía bajo el falso nombre de Héctor Daniel Mondaca.
Durante ese tiempo estuvo acompañado de su pareja, la periodista chilena Paula Chahín, empleada en la Secretaría de Medios de la Presidencia, y sus tres hijos de nacionalidad argentina.
Permaneció siete meses en la cárcel de la Unidad de Investigaciones Antiterroristas de Buenos Aires, en espera de que se resolviera su situación procesal. No obstante, el 4 de julio del 2005, el juez del caso, Claudio Bonadío, decidió no conceder el pedido de extradición a Chile, entendiendo que en ese país se había afectado su derecho al debido proceso y a la defensa.
El 5 de julio de 2005 a Apablaza se le concedió la libertad, bajo una fianza de 3500,5? dólares, y con expresa prohibición de abandonar Moreno, en donde reside hasta la actualidad.
El Gobierno chileno apeló el fallo ante la Corte Suprema de Argentina, en tanto que Apablaza Guerra solicitó al Gobierno argentino la condición de refugiado político al considerar que en su país "es perseguido por las autoridades".
La causa no quedó en suspenso
Se presume que el excompañero de militancia de Apablaza, Mauricio Hernández Norambuena, lo habría acusado en declaraciones posteriores de estar involucrado en los dos hechos que se le imputan, provocando la reactivación del caso.
En septiembre de 2010, la Corte Suprema argentina autorizó la extradición y señaló que la decisión final estaría en manos del Poder Ejecutivo, en vista de los derechos que le corresponden al acusado por aplicación de la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado.
El fallo de la Corte destacó que tal legislación sostiene que "ningún refugiado podrá ser expulsado, devuelto o extraditado a otro Estado, cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro su derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona".?
El 30 de septiembre de 2010, el Poder Ejecutivo decidió otorgarle a Apablaza el asilo político, por lo cual finalmente no fue extraditado.
El 15 de octubre de 2010 el gobierno chileno, a través de su representante en el caso, el abogado argentino Gustavo Gené, presentó un recurso ante la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) para que se revise la decisión.
Siete años más tarde, el gobierno argentino decidió retirarle el estatus de refugiado político, abriéndose la posibilidad de una extradición a Chile.
Lo cierto es que ahora se espera un nuevo giro en la causa, a partir del pedido del recientemente electo Boric, quien planteó preocupación en el tema: "Obviamente tomé en cuenta sus consideraciones, aclarando desde ya que eso es un problema que se debe resolver judicialmente en Argentina. No es un tema que tenga que ver con la potestad o la discrecionalidad del Ejecutivo”, remarcó el jefe de Estado argentino.