El Estado endurece la política migratoria

El Gobierno de nuestro decidió reforzar en los últimos días su política migratoria y se dispone a mantener mayor firmeza en los mecanismos de vigilancia en los ingresos a la Argentina. Con rígidas medidas se tratará de evitar el ingreso de eventuales grupos terroristas, aumentar los controles en un año sensible para la seguridad nacional por la cumbre del G20 y agilizar la puesta en marcha del decreto que fijó un mayor seguimiento a los extranjeros que cometan delitos.

Bajo estas premisas, tanto el Ministerio de Seguridad como los de Justicia e Interior, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la Cancillería decidieron poner en marcha toda una batería de medidas tendientes a darle mayor relevancia al sistema de migraciones nacional.

Al respecto, la Dirección de Migraciones, la AFI y Seguridad acordaron con empresas aéreas extranjeras la instrumentación de un sistema de control anticipado de pasajeros mucho más rígido que el que hasta ahora funciona y que estará focalizado en países de Medio Oriente y de América Latina. Este sistema que acordó el Gobierno con las compañías de aviación de países latinoamericanos y de Medio Oriente permitirá hacer un rastreo de los pasajeros que viajen a la Argentina no sólo con 24 horas de antelación sino también con todas las escalas y hojas de ruta que hicieron.

Además, la Dirección de Migraciones decidió reforzar en la práctica el decreto que fija mayores controles a los extranjeros residentes en el país y tienen causas penales. La intención del Gobierno es ejecutar y cumplir al pie de la letra este decreto que fue cuestionado por algunos sectores de grupos de derechos humanos.

Hasta ahora hay nueve provincias interesadas en darle mayor énfasis a esta medida. Estas son la CABA, Buenos Aires, Salta, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza y Tierra del Fuego. Estos distritos están dispuestos a intercambiar información y en capacitar a sus fiscales para ajustar los mecanismos del decreto migratorio.

Desde la Nación se quiere establecer una suerte de base nacional de datos de reincidentes extranjeros para tener un sistema de alerta y ejecutar las medidas de expulsión automática.