En una resolución sin precedentes en la jurisprudencia argentina, el juez federal de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, dictó el procesamiento de directivos médicos y asesores por el delito de trata de personas agravada y reducción a la servidumbre. El fallo expone un oscuro entramado que captaba a mujeres en situaciones de extrema vulnerabilidad socioeconómica bajo el ropaje de supuestos acuerdos altruistas de gestación por sustitución.
El "modus operandi" de la red
La investigación judicial, que identificó a seis víctimas directas y dispuso un embargo de mil millones de pesos, determinó que el director de la clínica Fecundart utilizaba bases de datos médicas para reclutar a madres vulnerables y desocupadas. El médico procesado realizaba transferencias embrionarias sin autorización judicial previa para evadir controles éticos, cosificando el cuerpo femenino para obtener millonarios réditos comerciales.
Asimismo, una secretaria y un abogado resultaron procesados por dirigir las actividades de las víctimas. La organización obligaba a las mujeres a mentir ante los tribunales de Familia, exigiéndoles fingir una relación de amistad con los compradores intencionales para acelerar los permisos. Los expedientes revelan una alarmante manipulación de la miseria, donde las gestantes rogaban por dinero para pañales o alquiler.
El oscuro negocio de la maternidad subrogada: críticas a la esclavitud moderna
Más allá del caso cordobés, la práctica de los vientres de alquiler enfrenta un profundo rechazo internacional. Expertos y activistas denuncian que la subrogación de vientres no es un acto de amor, sino un contrato mercantil que convierte a los recién nacidos en productos de compra-venta y a las mujeres en esclavas durante nueve meses.
Los defensores de los derechos humanos advierten que esta industria internacional se alimenta directamente de la vulnerabilidad económica de las donantes. En los contratos de gestación, la madre pierde total autonomía sobre su vida diaria, enfrentando graves riesgos físicos y psicológicos. Además, se ignora por completo el vital vínculo materno-infantil, separando abruptamente al bebé de la única persona que conoció en su desarrollo.
Al igual que ocurre con el tráfico de órganos, múltiples voces exigen la prohibición global de esta práctica. Advierten que legalizar la subrogación fomenta un sistema donde quienes tienen recursos económicos pueden alquilar cuerpos ajenos, reduciendo la maternidad a un mero trámite donde el niño puede ser desechado ante cualquier "defecto".