Laborde defendió el reclamo venezolano en la causa EMTRASUR

El pasado 8 de junio la justicia argentina retuvo en el aeropuerto de Ezeiza un Boeing 747 de la empresa de capitales paraguayos y bandera venezolana EMTRASUR, dedicada al transporte logístico. La subsidiaria de la aerolínea CONVIASA, junto a la aeronave quedaron privados de salir del territorio nacional con sus 19 tripulantes: 14 venezolanos y 5 iraníes.

El argumento jurídico de nuestro país se enmarcó en la búsqueda de una conexión entre los vuelos de la aeronave, el manifiesto de carga, personal a bordo y el movimiento de “activos materiales de tinte terrorista”. Este entramado, tiene una preexistente vinculación con la línea aérea iraní "Mahan Air" en lo referente a la adquisición del avión y el nexo establecido de la compañía persa con elementos de la Guardia Revolucionaria, principal órgano militar del gobierno de Teherán. 

En los días que siguieron a estos primeros hechos, la cámara conducida por el juez Federico Villena esperó informes que permitieran esclarecer la "causa" desde Estados Unidos, República Dominicana, Uruguay y la propia Venezuela. Cabe aclarar que la presencia de los cinco iraníes causó malestar e inquietud a las autoridades de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) y la misma pidió que se verificase una posible conexión con la organización extremista libanesa "Hezbollah", responsable de los atentados a la Embajada de Israel en 1992 y a la AMIA en 1994, dejando un saldo fatídico de 107 fallecidos entre ambos.

En este escenario, es importante añadir, que ambas empresas venezolanas (EMTRASUR y CONVIASA), yacían sujetas a sospechas y sanciones por parte de Washington, acusadas de suministrar servicios de soporte logístico a grupos vinculados a facciones terroristas. A causa de esto y varios días después, un tribunal estadual de Estados Unidos pidió la incautación de la aeronave.

Se generó, desde ese momento, un reclamo insistente y agresivo por parte de la cúpula política chavista exigiendo la devolución inmediata del "aparato" y la liberación de los tripulantes; a lo que Casa Rosada optó por no expedirse ante el "reclamo" y se limitó a sostener que "esperaría la determinación de la justicia nacional".

Afinidad política vs derechos soberanos

Los estrechos lazos entre el sector duro del kirchnerismo, conducido por la vicepresidente Cristina Fernández y el régimen liderado por Nicolás Maduro, se mantuvo en "estado de latencia hasta que hace algunos días, el embajador designado en Caracas, Oscar Laborde, emprendió una serie de reuniones con el objetivo de generar una "desescalada" entre ambos estados sudamericanos.

Alejado de expedirse en función de la condición soberana argentina en materia de división de poderes y de la exigencia de unas "disculpas formales" por parte del Gobierno "caribeño" para desagraviar la imagen del presidente Alberto Fernández y la integridad moral de la República Argentina; el diplomático esbozó declaraciones abiertas este martes afirmando que el avión “está secuestrado porque el juez lo ha determinado” y que existe un encono de la justicia austral buscando perjudicar a Venezuela a través de la investigación.

Declaraciones de Laborde

“Hay una sensación del pueblo venezolano de injusticia. Queda claro que hay una intención de la Justicia y que muchos la padecen” sostuvo en una entrevista a radio AM 750.
Sorprendentemente, Laborde, también afirmó: "Sabemos que tenemos esta dificultad con los amigos venezolanos. No hay ninguna protesta del gobierno venezolano a Cancillería”. Esto claramente no es así, las críticas y ataques a diferentes carteras del gobierno han sido muchas y por demás agresivas.

Con respecto a la tripulación afirmó: “No hay ninguna causa, ninguna acusación ni ningún elemento de que esta gente deba estar allí con esta demora. Tengo la esperanza de que rápidamente se vaya a solucionar”. Cuestión que no es así ya que los 19 están todavía bajo instancia de indagación.

El trato a nuestro Ejecutivo, los agravios a diferentes funcionarios, las críticas al carácter soberano y de independencia decisoria de nuestra Nación y el silencio manifiesto de Cancillería ante la relativización del atentado a la AMIA manifestado por un "spot" de la Secretaría de Comunicaciones de Venezuela muestran que queda un largo camino en la denominada "normalización" de las relaciones Caracas-Venezuela" y que la gestión de Laborde mas que solucionar protegiendo los intereses y postura judicial argentina busca satisfacer ínfulas ideológicas, "tanto de allá como de acá".