RECHAZO INTERNACIONAL
Israel ha marcado un punto de inflexión histórico y polémico al aprobar en la Knéset (Parlamento), la ley de pena de muerte por ahorcamiento. La legislación, respaldada por el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, establece la ejecución como castigo para quienes cometan ataques mortales con fines terroristas. Aunque el texto no menciona etnias, expertos como Amichai Cohen, del Instituto Israelí para la Democracia, denuncian que su redacción técnica está diseñada para aplicarse exclusivamente a la población palestina.
La condena global liderada por Palestina
El representante del Estado de Palestina ante la Liga Árabe, Muhannad al Aklouk, calificó la norma de "racista e inválida", exigiendo una reunión de urgencia para coordinar una respuesta unificada contra lo que considera una "agresión brutal". Por su parte, el secretario general del organismo panárabe, Ahmed Abulgueit, afirmó que esta ley consolida una discriminación flagrante y representa una imagen de apartheid que socava cualquier requisito de justicia. En el frente diplomático, los cancilleres de potencias europeas expresaron una "profunda preocupación" por el retroceso en los compromisos democráticos del país.
Desde el continente europeo, la reacción fue de unánime rechazo. La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, junto a sus pares de Francia e Italia, Stéphane Séjourné y Antonio Tajani, emitieron una declaración conjunta calificando la medida como una "grave regresión" que socava los valores democráticos. Asimismo, el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, advirtió que reinstaurar la horca no tiene un efecto disuasorio real y solo profundiza la brecha ética de Israel con la comunidad internacional, alejando cualquier posibilidad de diálogo constructivo en la región.
Incluso dentro de Israel, las voces críticas son contundentes. El líder opositor Yair Golan advirtió que esta medida es "innecesaria" y carece de efecto disuasorio, mientras que el legislador Ram Ben Barak cuestionó la pérdida de valores éticos del Estado al legislar de forma desigual para diferentes poblaciones. La norma, que permite la ejecución en un plazo de 180 días, rompe con una tradición de décadas sin aplicar la pena capital desde el juicio al nazi Adolf Eichmann. Ahora, la Asociación por los Derechos Civiles busca frenar su implementación mediante un recurso ante el Tribunal Supremo, alegando que la ley busca legitimar ejecuciones bajo un amparo legislativo sin autoridad real.