TENSIÓN DIPLOMÁTICA
El Gobierno de Francia prohibió el ingreso a su territorio al ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, tras el escándalo internacional por el violento trato a los más de 400 activistas de la Global Sumud Flotilla. La drástica sanción diplomática europea responde a las graves denuncias de torturas, fracturas y al menos doce casos de violencia sexual perpetrados por las fuerzas militares durante la interceptación de la ayuda humanitaria con destino a Gaza en aguas internacionales.
Burlas, abuso y repudio global
El detonante de la crisis fue un video provocador difundido por el propio Ben-Gvir, donde se lo ve humillando a los activistas mientras estaban maniatados y expuestos al sol. El funcionario calificó a las víctimas de "simpatizantes del terrorismo", una actitud que generó un repudio tan unánime que hasta el primer ministro Benjamín Netanyahu y el canciller israelí se distanciaron de sus actos, tildando su comportamiento de perjudicial y vergonzoso para Israel.
Tras la deportación de los tripulantes a Turquía, estremecedores testimonios salieron a la luz. Los activistas denunciaron haber sido sometidos a maltratos físicos y psicológicos en condiciones carcelarias brutales. Entre las agresiones reportadas por los rehenes se incluyen fracturas de costillas por reiteradas golpizas, el uso de pistolas eléctricas y al menos doce casos de violencia sexual. Además, relataron haber sido maniatados hasta perder la sensibilidad y forzados a permanecer horas bajo el sol.
La misión civil capturada estaba integrada por ciudadanos de 39 países. Entre los activistas se encontraba la Dra. Margaret Connolly, hermana de la presidenta de Irlanda, y cuatro ciudadanos argentinos, entre ellos el sociólogo Lautaro Rivara, quien antes de ser detenido grabó un video alertando sobre el inminente secuestro. Entre los argentinos se encontraba también Ramiro Giganti, periodista de la Agencia de Noticias Red Acción.
Las reacciones globales no se hicieron esperar. En Europa, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, exigió disculpas por el trato "lesivo a la dignidad". España y Portugal se sumaron, calificando las acciones como "monstruosas" y una "humillante violación de los derechos humanos". Por su parte, en América Latina, el Gobierno de Chile expresó formalmente su profundo malestar ante el embajador israelí por el trato degradante hacia los civiles involucrados.