La historia se remonta a catorce años atrás. Desde el 17 de marzo de 2008 rige una orden de denegación temporal del Departamento de Comercio, Oficina de Industria y Seguridad de los Estados Unidos contra Mahan Air, la empresa dueña original del avión que desde hace cuatro meses permanece varado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
De esta manera, el gobierno estadounidense reclamó este jueves el decomiso de dicha aeronave, por entender que se trata de un bien obtenido ilegalmente, ya que fue adquirido por la empresa Emtrasur violando las leyes de ese país. Se pidió también, a través del fiscal Matthew Graves, la extinción de dominio del avión, lo que permitiría tomar posesión del mismo.
Todo se basa en una investigación civil realizada por el FBI, que confirmó que hubo una transferencia ilegal de custodia y control del Boeing 747 - 300. La orden de denegación, que lleva casi una década y media de vigencia, prohíbe cualquier transacción de exportación o reexportación que involucren bienes de origen estadounidense.
Según la investigación del FBI, la empresa iraní transfirió en octubre de 2021 el control del avión a la Empresa de Transporte Aerocargo del Sur (EMTRASUR), que es subsidiaria de Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, la empresa estatal de Venezuela.
Esa última acción viola la Orden de Denegación Temporal (TDO) que había emitido el Departamento de Comercio. A esto se suma que la aeronave voló a destinos como Teherán, en Irán, o Moscú, en Rusia, sin la autorización correspondiente del gobierno estadounidense.
Como la empresa fabricante del avión tiene origen en Estados Unidos, la Justicia entendió que se trata de un bien estadounidense, por lo que debe ser decomisado. Además deberá quedar en poder del gobierno de Joe Biden.
El escrito de la fiscalía fue acompañado por una nota firmada por los agentes especiales del FBI, Adam Mastianni, y del Departamento de Comercio, Robert Cunniff, en la que ambos juraron que los datos aportados al fiscal se basan en reportes e información que tenían bajo su conocimiento, y que “todo lo representado en este documento es verdadero y correcto”.
De esta manera, el gobierno norteamericano solicitó que el Boeing “sea decomisado a los Estados Unidos para su disposición conforme a la ley” y que se le conceda “otras reparaciones que este Tribunal considere justas y apropiadas, junto con los costos y desembolsos de esta acción”.
Los últimos cinco tripulantes de dicho avión, que permanecían en Buenos Aires, partieron el 18 de octubre rumbo a Venezuela, después de que el tribunal que está a cargo de la causa les permitiera la salida del país luego de la devolución de sus respectivos pasaportes.